La manifestación celebrada este sábado en Bilbao, convocada por Sare bajo el lema Ezin da gehiago luzatu, ha vuelto a poner en el foco por estas fechas la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA. Desde que ETA puso fin a su estrategia de violencia y desapareció como organización, una parte mayoritaria de la sociedad vasca ha mostrado comprensión y apoyo hacia la exigencia de una aplicación ordinaria, sin excepciones, de la legalidad penitenciaria. Especialmente en lo que respecta a la política de dispersión, un castigo añadido para las familias de los reclusos. Quince años después, el escenario penitenciario es muy distinto.
De los cerca de 700 presos que llegó a haber, hoy quedan 105, todos salvo uno cumpliendo condena en cárceles vascas. Sare pone el foco en situaciones concretas que considera aún irresueltas. Alrededor de 50 presos que podrían acceder a la libertad condicional tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, otros 35 que podrían progresar al tercer grado o la vigencia de una legislación que permite el cumplimiento íntegro de penas de hasta 40 años.
La exigencia de que la ley penitenciaria se aplique sin excepciones ni interpretaciones restrictivas es una reivindicación legítima y debe ser atendida con rigor allí donde se estén vulnerando derechos o incumpliendo los principios de igualdad, legalidad y reinserción que inspiran el sistema penitenciario. Con mayor motivo cuando hace años que desapareció la causa en la que se justificó un trato excepcional: la actividad terrorista de ETA. Pero el debate no puede agotarse en el estricto cumplimiento de la ley. La sociedad vasca necesita algo más. Las heridas profundas e injustas causadas por décadas de violencia no se reparan únicamente mediante el acceso a beneficios penitenciarios o la finalización de condenas.
El fin de ETA ha permitido normalizar la política penitenciaria, pero también ha dejado al descubierto una deuda ética y democrática pendiente. Una deuda que solo puede saldarse mediante un ejercicio claro y honesto de autocrítica y de reconocimiento del daño injustamente causado. Convendría que Sare, los presos y el conjunto de la izquierda abertzale asumieran que la adhesión social a sus reivindicaciones no depende únicamente de la legalidad penitenciaria. Depende también de su disposición a contribuir a una memoria justa, a una convivencia basada en el respeto a todas las víctimas y a un cierre del pasado que no se limite a lo administrativo y judicial.
