LA tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) es de un impacto emocional severo al que es preciso responder desde la solidez de las instituciones y la práctica democrática ética de los políticos. Las familias de las víctimas y el conjunto de la sociedad merecen recibir verdad, rigor y respeto. Para ello será preciso el compromiso con una investigación técnicamente impecable y dotada de todos los medios necesarios, tanto en el plano pericial como en el judicial, sin perder de vista que la rapidez se mide en semanas o meses, no en horas.

Sin desmerecer el trabajo policial –que capitaliza informativamente hasta la fecha la Guardia Civil– el liderazgo es del equipo técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, al que se debe dotar de los recursos extraordinarios que sean precisos, independencia reforzada y transparencia máxima, pero no someterlo a la presión de una opinión pública empujada a la exigencia de depurar responsabilidades, en tanto el objetivo último deberá ser aprender cada lección técnica y organizativa para no reproducir la tragedia en el futuro. Cooperar en ese objetivo conlleva el compromiso de evitar la tentación de convertir el siniestro en otro campo de batalla partidista.

Pero la estrategia de la instrumentalización empezaba a abrirse paso solo 48 horas después del siniestro. Vox se ha lanzado ya a utilizar el dolor ajeno como palanca para su discurso antipolítico, acusando al Gobierno de “mentir” y de “hacerlo todo mal” incluso antes de conocer informes periciales. Y el PP, cuya dirección había asumido una tregua inicial, amenaza con romperla: la exigencia de explicaciones “urgentes” al ministro y los reproches altisonantes de su portavoz parlamentaria apuntan más al titular que al respeto debido a las víctimas.

El duelo y la estabilidad emocional de quienes han perdido a sus seres queridos no pueden ser moneda de cambio. Las víctimas tienen derecho al silencio cuando lo necesiten, a la palabra cuando la exijan y, sobre todo, a una verdad completa y verificable, no filtrada por el interés de nadie. En una sociedad madura, la prioridad no debería ser quién gana el relato, sino quién garantiza mejor la seguridad de los trenes, la calidad de las inversiones y la cultura de prevención en la que descansa la confianza ciudadana. Primero la verdad, luego la política.