Truco para hacer trato. Las Administraciones Públicas tienen sus triquiñuelas. Con soporte legal o en sus bordes. Así funcionan las subvenciones nominativas en las cuentas presupuestarias y los fraccionamientos en las concesiones de obra pública. Son senda viva en una relación contaminada entre administradores y adjudicatarios. Todo partido con mano en el poder presume de conseguidor. Sea para una rehabilitación, un arreglo de calle, una instalación deportiva o una estatua en la plaza del pueblo. La cosa es apuntarse un tanto ante un vecindario con tintes de afinidad. La Cámara de Comptos (nuestro Tribunal de Cuentas) “no cuestiona la legalidad de las subvenciones nominativas y avala la gestión procedimental de las mismas. No obstante, remarca su carácter excepcional. En este sentido, no considera razonable el significativo aumento de las aprobadas a través de enmiendas parlamentarias”.
Y resalta una injusticia: “Destinar recursos presupuestarios a subvenciones nominativas mientras se deniegan subvenciones para el mismo objeto a través del régimen de concurrencia competitiva, genera una desigualdad de trato que debe evitarse”. En los últimos cuatro años analizados (2019-2022), el importe de las nominativas pasó de 30 (55 subvenciones en 2019) a 41 millones de euros (241 en 2022): 28% propuestas por PSN, 28% por Geroa Bai, 13% por EH Bildu, 7% por Podemos y 7% por IE. Otro asunto discutible es el fraccionamiento en obra pública, ahora que se investiga a Sendaviva. Llamativo ajuste de presupuestos al límite de evitar la obligatoriedad de la concurrencia pública. Aunque sea por un euro. Una práctica habilitada en el funcionamiento administrativo. Ningún gobierno promoverá una modificación para suprimir subvenciones nominativas y fraccionamientos en las concesiones. A todos interesan. Como listas cerradas o nombramientos discrecionales. Sería elocuente una auditoría histórica de ambas modalidades de triquiñuela. Truco para trato.
