Amnistía Internacional ha hecho público su informe anual en el que constata el avance del autoritarismo y la continuidad del abandono global al respeto de los derechos humanos. El texto señala a Israel por su genocidio en Gaza, EEUU, Rusia y en cierta medida a China y Myanmar. También denuncia el aumento de las guerras para imponer dominios y robar materias primas y el desprecio absoluto por la sociedad civil con el ejemplo de Ucrania, Palestina o Líbano , y cita como consecuencia del desprecio a los valores de la democracia el uso creciente de la represión para responder al derecho a la protesta de los ciudadanos, como en Irán Turquía, Egipto, India, EEUU o Reino Unido.

“Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apunta, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el Derecho Internacional. Y de entre esos depredadores de derechos humanos nombra directamente a Netanyahu, Trump y Putin, a los que Amnistía Internacional acusa de tratar de “imponer el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”. En realidad, el documento solo pone blanco sobre negro una realidad objetiva a la que el mundo asiste cada día. Se han anulado todas las reglas y devaluado la capacidad e influencia de las organizaciones internacionales. Barra libre sin cortapisas legales internacionales ni salvaguardas humanistas.

Por ello, quizá hoy más nunca es necesario mantener activa la fortaleza de la cultura de los derechos humanos en un momento histórico en el que la batalla de las ideas que impulsan los sectores más reaccionarios tiene como objetivo su eliminación. La cultura de los derechos humanos es el eje fundamental de la democracia como cultura política. Unos no se entienden sin la otra y viceversa. Representan aquello que tratan de borrar del mapa social los fantasmas negros que dominan este siglo XXI y poner fin a los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sustituir sus contenidos por campos yermos de acción política y económica donde todo es válido y el fin siempre justifica los medios.

El informe, en lo referido al Estado español, lo ubica en como ejemplo de defensa de los derechos humanos, quizá muy optimista esa generalización, pero también le reprocha que tiene una serie de normas vigentes que al mismo tiempo minorizan ese compromiso. Un compendio de retrocesos legales y penales que van desde la Ley Mordaza a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o las sucesivas reformas en sentido restrictivo y punitivo del Código Penal que han puesto en cuestión derechos democráticos constitucionales y supuesto una regresión en las libertades fundamentales de las personas. Hay una mayoría política amplía y suficiente para ello en el Congreso, pero pese a ello, esas normativas siguen igual. Es cuestión de voluntad, que es lo que parece faltar a la hora de la verdad. Tiempo de poner pie en pared. Sin medias tintas.