La realidad de los negocios y la política tiene una alarmante capacidad para superar cualquier ficción, especialmente cuando se juntan todos los ingredientes del morbo: una pandemia global, un rescate millonario con dinero público, un expresidente y la vigilancia permanente de Estados Unidos sobre el dinero venezolano. La operación Plus Ultra termina apareciendo en una investigación internacional totalmente rocambolesca.
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Y da un vuelco judicial definitivo tras desvelarse los mensajes internos de los directivos de la aerolínea durante la pandemia en 2020, cuando buscaban desesperadamente un rescate del Gobierno español a esta pequeña compañía que operaba entre Madrid y Caracas y que finalmente se fijó en 53 millones de euros. Washington mantenía un férreo programa de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro para asfixiar su financiación y combatir el blanqueo. En esa búsqueda, la agencia norteamericana Homeland Security interviene el teléfono de Rodolfo Reyes, accionista venezolano de la aerolínea. A EEUU no le importaban las ayudas españolas, pero al seguir el rastro del dinero de Caracas, topó inesperadamente con los chats de la cúpula de la compañía y el nombre de un expresidente del Gobierno de España. Las presuntas pruebas fueran enviadas a la Policía Española.
Los mensajes desvelarían, a la espera de que se confirme la investigación, que los directivos usaron presuntamente sus contactos en Venezuela para llegar a José Luis Rodríguez Zapatero, buscando su intermediación ante el Ejecutivo de Sánchez. Al lograrlo –según se desprende del auto–, celebraron en sus chats que “acaba de hacerse el puente con ZP”. En ese contexto de euforia el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le escribe a su socio la ya célebre frase: “Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. Una expresión machista que lo dice todo. Pero también un misil a la línea de flotación del actual Gobierno de coalición. Zapatero ha sido el apoyo más leal, estratégico y visible de Sánchez en todas las campañas. Trump interviene Venezuela y ahora amenaza –por una carambola– la estabilidad del Gobierno estatal.