Manoli (nombre ficticio) trabajaba hasta hace poco en la oficina móvil de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra. Un elegante camión-oficina que recorre la geografía foral acercando sus servicios a localidades de menos de 20.000 habitantes. Todo lo que se hace en un registro normal (subvenciones, quejas, sugerencias, inscripciones…) lo hacía Manoli sobre ruedas. Lo que peor llevaba era lo de la zonificación del euskera. Un auténtico lío. En Arakil, por ejemplo, los vecinos tienen derecho a hacer todos los trámites y ser atendidos en euskera o en castellano, como prefieran; en Cirauqui, a 50 km. de distancia, pueden usar las dos lenguas para dirigirse a la Administración por escrito, pero lo de contestarles si hablan en euskera, no es necesario y 3,2 kilómetros más allá, en Mañeru, si alguien pide algo en euskera se le puede pedir directamente que venga con la traducción hecha de casa.
A Manoli esta discriminación de la gente en función de su código postal no le parecía bien. Lo pasaba mal y mucha de la gente a la que atendía, peor.
Han pasado ya 40 años desde que aprobaron la Ley del Euskera (bueno, del Vascuence, en su día). Navarra ha cambiado mucho, muchísimo. El 26,15 % de los jóvenes presentados a la PAU este año, por ejemplo, lo han hecho en euskera. En la época de la IA, de las redes sociales, del movimiento continuo, no tienen sentido unas barreras artificiales que limitan el uso de una de las lenguas propias de la Comunidad. Es perverso.
Por ello, y para dejar claro que es urgente darle un nuevo gran empujón al proceso de revitalización del euskera, Manoli y yo hemos quedado para ir a la movilización del sábado por la tarde.