La frase de Óscar Camps, fundador de Open Arms, resume con crudeza la política migratoria europea: “Hemos sustituido el gas sarín por el mar Mediterráneo”. La comparación apunta a una realidad que nos cuesta mirar de frente. En lugar de abordar las causas de la migración o impulsar el desarrollo en los países de origen, la UE ha apostado por externalizar el control de sus fronteras, primero mediante acuerdos con Turquía y después con Libia o Túnez.

Sin embargo, las personas siguen huyendo de guerras, pobreza o los efectos del cambio climático. Las rutas migratorias no desaparecen, sino que se desplazan y se vuelven más peligrosas. Cuando se cerró la vía del Egeo, los cruces aumentaron desde Libia y Túnez hacia Italia; al reforzarse esos controles, parte del flujo se trasladó hacia Argelia y Baleares.

Europa destaca la reducción de llegadas, pero rara vez pone el foco en quienes pierden la vida durante el trayecto. La contradicción es evidente. Se destinan millones a patrullas, acuerdos estratégicos y blindaje de fronteras, mientras que las inversiones para mejorar las condiciones de vida en los países de origen siguen siendo insuficientes. Aunque actuar sobre las causas es más lento y complejo, es la única solución duradera.

En este contexto, el papel de las ONG resulta paradójico. Open Arms ha rescatado cerca de 73.000 personas en una década gracias a recursos propios y donaciones ciudadanas. Pese a ello, organizaciones como esta son frecuentemente cuestionadas y objeto de campañas de desprestigio por parte de voces ultras o de redes sociales que tratan de desinformar.

Si una entidad de estas dimensiones ha logrado salvar tantas vidas, cabe preguntarse qué podrían hacer los Estados si la protección de la vida humana fuera realmente una prioridad. El Mediterráneo se ha convertido en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, con miles de fallecidos y desaparecidos. Cada naufragio pone de manifiesto la contradicción entre los valores que defiende Europa y lo que ocurre en el Mediterráneo.