pero, ¿qué tiene que ver la absolución de la infanta con los trabajadores de Coca Cola? Mucho. Los 236 trabajadores de la planta de Coca Cola en Madrid están llevando desde hace tres años una larga batalla sindical en defensa de sus puestos de trabajo. Una lucha, muchas veces en solitario, en un desierto de solidaridad. Una lucha en la que a partir de 2015 han tenido éxitos judiciales, logrando una sentencia de la Audiencia Nacional con su readmisión con todos los derechos previos al despido.

Sin embargo, una empresa del poder de Coca Cola, tras un ERE diseñado por la consultora fundada por Montoro y defendida por uno de los despachos de abogados más caros de España, el de un tal Sagardoy, Cruz de Carlos III del Gobierno de Navarra, e Íñigo Gayarre, que fue Jefe de la Sección de lo Social de la Abogacía del Estado, y que usan sus contactos y su influencia. Esta empresa, decíamos, ha conseguido de la Audiencia Nacional un Auto, validado hace un mes por el Supremo, que permite que la empresa cometa un fraude respecto al contenido de la sentencia al mantener a los trabajadores en un mobbing colectivo, teniéndoles llenando cajas a ¡a mano!, esperando, hasta ahora en vano, su rendición. Para esto sí tienen dinero, las pérdidas no importan, es más importante doblegar a los trabajadores.

La otra cara de la moneda. La monarquía no se toca. El 17 de febrero, se absuelve a la infanta de España y se rebaja sustancialmente la pena de su marido mientras viven un exilio dorado en Suiza con guardaespaldas pagados por el Estado, o sea, por la ciudadanía. Absolución respaldada por una fiscalía tornada en abogado defensor y un informe de la Agencia Tributaria discutido por los expertos. Defendida por el despacho de Miguel Roca, a 600 euros la hora. ¿Quién lo paga? Son dos caras de la misma moneda. Y es que la moneda es que en ambos casos se entremezclan obscenamente personas e instituciones en un entramado político, judicial, mediático y económico en el cual la monarquía juega un papel legitimador. La monarquía, no Juan Carlos, al que ahora permiten que se le hagan algunas críticas para poner a salvo a la institución que es lo que les importa.

Algunos datos de la madeja. La presidenta de Coca Cola Iberian Partners es Sol Daurella. Está casada con Carles Villarrubí, vicepresidente del Barça y amigo de Jordi Pujol. Este individuo ha ocupado cargos de responsabilidad en el sector de medios de comunicación públicos de Cataluña. Cuando Aznar pactó con Pujol en 1996, éste nombró a su amigo Carles como consejero de Telefónica y Antena 3. A la boda de la hija de estas dos personas asistió lo más granado de Cataluña, Artur Mas, Françes Homs y miembros de la oligarquía catalana en sus vertientes nacionalista y no nacionalista. El dinero no tiene patria.

Pues bien, Carles Villarrubí fue el que introdujo a Urdangarin en el mundo de los negocios de forma que Urdangarin cobró, hasta el año 2009, 300.000 euros de ¿sueldo? en Motor Press Ibérica, en un consejo en el que estaba Carles. El círculo se cierra. Oligarquía central y periférica y al fondo la monarquía.

Por cierto, Sol Daurella se vio acusada en 2015 en el caso Cacaolat, acusada de estafa, administración desleal y atentar contra los derechos de los trabajadores, su estrategia de defensa fue decir que no se acordaba de nada y que ella no tomaba las decisiones. ¿Nos suena? Esta misma empresaria fue acusada de defraudar a Hacienda más de seis millones de euros del Impuesto de Sociedades de su empresa inmobiliaria Daurín. Un sol de ciudadana. Algunos dirán que éste es un capitalismo de amiguetes, pues no, esto es capitalismo, no hay otro. En este barrizal, son ejemplos como los compañeros de Coca Cola y sus mujeres, las espartanas se llaman a ellas mismas, los que sostienen nuestra dignidad.

Firman este artículo: Javier de Miguel, Ángel Sanz, Juan Sánchez y Joseba Aulestiarte, miembros de la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra