Los promotores del macroproyecto de Aroztegia, en Lekaroz, pleno valle de Baztan, que incluía unas 228 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo, se enzarzaron ayer con las defensas de los 7 acusados de boicotear las obras en la legalidad del proyecto, y reconocieron que el pliego de adjudicación de la obra había sido anulado. Sin embargo, dicha anulación jurídica por un defecto de forma, según el promotor y socio principal de las empresas Palacio de Aroztegia y hotel Palacio de Arozegia, no afectaba a las obras y dicha resolución "no tenía efectos suspensivos" y por tanto, en abril de 2021, consideró que “teníamos todos los permisos y licencias para iniciar las obras”.
Después de que debido a los altercados sufridos en la maquinaria y en los terrenos provocaran “un acoso constante a los trabajadores” y que las empresas adjudicatarias se retiraran de la obra, Salvador Urbistondo, presidente de la junta de compensación del PSIS de Aroztegia, declaró este lunes en el juicio que “las amenazas persisten hoy en día y entendemos que el proyecto es imposible, porque no se dan las condiciones para hacerlo”.
Les piden 34 meses de prisión pero no exigen responsabilidad civil para una demanda posterior
Aun así, la acusación particular que ejerce en nombre de las sociedades reclama 34 meses de prisión a las siete personas encausadas por coacciones y por formar parte de un grupo criminal, lo mismo que la Fiscalía, que pide 47.000 euros de indemnización.
Los promotores no reclaman sin embargo responsabilidad civil, porque a juicio de las defensas y del comité de solidaridad de los encausados, su intención es una vez obtenida una sentencia penal acudir a la vía civil para presentar una demanda que abra la puerta a una reclamación de 43 millones de euros por los daños provocados por la suspensión de las obras, cantidad de la que los acusados serían responsables civiles directos y de la que los Gobiernos navarro y central serían responsables civiles subsidiarios. “En este largo camino, hemos sentido una y otra vez que están jugando contra nuestras vidas. Ante esta situación, es evidente que no estamos dispuestos a arriesgarnos a un castigo económico de por vida, menos por algo que no hemos hecho», señalaron los procesados en una nota de prensa la semana pasada, cuando se comunicó que no era posible alcanzar un acuerdo penal por dicho motivo.
En el juicio que este lunes ha arrancado en el Juzgado de lo Penal número 3 y que se prolongará durante toda la semana, donde los acusados declararán en último lugar, los promotores de Aroztegia, denunciantes de los hechos, han señalado que los trabajadores que se encontraban en las obras les habían “transmitido una sensación de miedo y pánico. Todos fuimos amenazados. Se subían a la cabina de la retroexcavadora, invadían su campo de acción, ponían clavos en los troncos de los árboles para boicotear el trabajo de las motosierras, colocaban alambre y espuma de poliuretano en las máquinas, sustrajeron un dúmper y lo dejaron abandonado en el monte...”, enumeraron como acciones que supusieron sabotajes los promotores y trabajadores de la obra citados como testigos.
Debido a que la acusación penal solicita un año de prisión por entender que integran un grupo criminal, las acusaciones les cuestionaron por la manera de actuar de los procesados y por cómo habían conseguido identificarles. Los instructores del atestado de la Guardia Civil sostuvieron que incluyen como investigados a aquellas siete personas, tres hombres y cuatro mujeres, entre estas la exalcaldesa de Baztan, Garbiñe Elizegi, que pudieron ser identificados en más de dos actos vandálicos bien a través de vídeos o de las denuncias de los trabajadores. “Eran grupos organizados, sabían moverse por todos sitios, se avisaban y acudían a boicotear las máquinas en grupo. Y siempre hablaba la exalcaldesa mientras los otros callaban”, dijo uno de los adjudicatarios de obra.
En el exterior del Palacio de Justicia una nutrida concentración de más de un centenar de personas ha dado su apoyo a los encausados y lo seguirá haciendo los próximos días.
