Bruselas constata que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía

"El Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnistía es compatible con la Constitución y se han sometido cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", destacó el Ejecutivo comunitario en el informe anual sobre Estado de Derecho en la Unión Europea.

La CE recordó que en el marco de esos procesos ante la justicia europea ha analizado la norma en base al derecho comunitario, en un informe en el que señaló que la ley "parece constituir una autoamnistía", si bien aseguró que "no parece existir un vínculo de conexión suficiente" entre el procés y los intereses financieros de la UE.

"Ha sido objeto de gran controversia"

En el documento que publicó hoy sobre la situación del Estado de Derecho en España, de 27 páginas, la CE dedicó un párrafo a la ley de amnistía, en el que destacó que la norma "ha sido objeto de gran controversia", tal como apuntó también la Comisión de Venecia, y que se ha aplicado ya a más de 300 personas.

El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional avaló la norma por considerar que responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público, en una sentencia que publicó con seis votos a favor de la mayoría progresista, frente a cuatro en contra del sector conservador.

Anteriormente, en las observaciones escritas que envió al TJUE el 9 de diciembre de 2024, la Comisión consideró que "no parece que la ley orgánica de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión", sino que "de entrada (...) parece constituir una autoamnistía".

En primer lugar, porque "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español" y en segundo lugar "porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Responde al Tribunal de Cuentas

Bruselas respondió así ante las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que presentó ante el TJUE el Tribunal de Cuentas, que debe decidir si aplicar la amnistía, entre otros, a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont y al ex vicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, el Tribunal de Cuentas pregunta si la ley de amnistía respeta los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato que recoge el derecho comunitario.

"Conviene observar que la pertinencia de estas dos cuestiones depende de si la ley orgánica de amnistía puede afectar a los intereses financieros de la Unión. (...) Si no hubiera afectación de dichos intereses, se debería concluir que no ha lugar a responder a estas preguntas", apuntó Bruselas en las observaciones al TJUE.

Sobre esta última cuestión, la Comisión aseguró que "no parece existir un vínculo de conexión suficiente entre las actitudes ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión.

El Tribunal de Cuentas planteó la posibilidad de que los intereses financieros de la UE se vieran comprometidos por el hecho de que ante la hipotética independencia de Catalunya, la Renta Nacional Bruta -que sirve para calcular lo que cada país debe aportar al presupuestario comunitario- sería inferior en el caso de España.

Sin embargo, la Comisión afirmó que los intereses financieros de la UE no se verían comprometidos porque, en ese caso, habría una "disminución proporcional" de la contribución de un Estado al presupuesto comunitario, que, por otra parte, ya no se aplicaría al territorio independizado.

No obstante, dejó en manos de la justicia española "determinar si las particularidades del asunto principal podrían justificar la existencia de un vínculo de conexión suficiente entre las actividades ilegales y los intereses financieros de la Unión, en particular en el supuesto de que fondos de la Unión hubieran sido desviados para financiar el referéndum ilegal".