Lo que viene en el caso Cerdán: más informes de la UCO y el 'giro' de Ábalos

Con las de Alonso y Merino terminan las cinco declaraciones de los empresarios imputados en esta parte de la causa y no hay –de momento– más declaraciones en el horizonte.

Ya lo han hecho Ábalos y Koldo –en libertad, con restricciones–; Cerdán –en prisión provisional–; y los empresarios Daniel y Toño Fernández Menéndez, José Ruz, Antxon Alonso y Fernando Merino, en libertad y con obligación de comparcer quincenalmente ante el juzgado de sus respectivas provincias y, en algunos casos –Ruz, Alonso y Merino– con la prohibición de abandonar el país. 

A partir de ahora, las partes tienen opción de solicitar al juez más convocatorias de personas para que acudan a declarar. Además, está vigente el plazo de cinco días hábiles que dio el juez para que la Fiscalía y las acusaciones particulares –coordinadas por el PP– presenten alegaciones contra el escrito del abogado de Cerdán que pide la libertad del exdiputado navarro. El plazo expira el lunes, 14 de julio, a las tres de la tarde. Mientras tanto, la UCO de la Guardia Civil continuará analizando la enorme cantidad de datos que tiene a su disposición tras la entrada y registro en los domicilios y oficinas de los imputados en la causa.

Patrimonio, dinero y correos

De hecho, es muy probable que en este punto haya novedades en un plazo relativamente corto de tiempo. En la sala del Supremo sospechan que antes de que acabe el mes se conocerán detalles del próximo informe de la UCO, que trabaja ya con material sobre patrimonio personal de los imputados, estados económicos y correos electrónicos.

Hay que recordar, también, que la UCO irrumpió en Ferraz para clonar el ordenador de Santos Cerdán. En principio, los informes definitivos tardarán, al menos hasta otoño. Pero será imposible –visto lo ocurrido con el informe fechado el 5 de junio, pero que estalló con toda su magnitud el 12– controlar las filtraciones, asumen las partes implicadas en el proceso. Proceso en el que puede cambiar la actitud del exministro José Luis Ábalos. Ha contratado al abogado José Aníbal, con experiencia en casos que tocan a policías y cuerpos de seguridad y una presumible buena relación con Alejandro Luzón, fiscal anticorrupción que lleva este caso en el Supremo.