Santos Cerdán, ex ‘número tres’ del PSOE, presentó ayer un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo para reclamar su puesta en libertad “inmediata”. Su defensa alega que no existen “indicios suficientes” que justifiquen su ingreso en prisión, ordenado el pasado lunes por el magistrado Leopoldo Puente, quien alegó que Cerdán sería el presunto cabecilla de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación irregular de obra pública.
En el recurso, el abogado Benet Salellas sostiene que la medida cautelar adoptada es “incompatible con la presunción de inocencia” y que se basa en una valoración “acrítica” del informe de la Guardia Civil que lo desencadenó todo. A juicio del letrado, la decisión de enviarle a prisión responde a una “causa general” que pretende forzar una confesión sin disponer de pruebas sólidas.
Respecto a los indicios que relacionan a Cerdán con amaños en contratos públicos, el recurso defiende que su papel era el de mero “interlocutor entre el partido y el Gobierno”, y que su interés por ciertas obras durante la precampaña electoral respondía a la necesidad de desbloquear proyectos paralizados. Pone como ejemplo la N-121-A, cuya reactivación, según puso en valor el exsecretario de Organización del PSOE, permitió acabar con los accidentes mortales que allí se producían cada año.
La defensa rebate así la interpretación del juez, quien en su auto de prisión provisional afirmó que el objetivo no era el interés general, sino “beneficios electorales” para los socialistas. Considera que esta valoración evidencia una actitud “contra reo” por parte del magistrado y denuncia que se haya asumido el relato de la UCO sin cuestionarlo.
Dudas sobre pruebas
La defensa de Cerdán niega cualquier participación en la trama y afirma que ni siquiera se ha identificado una obra concreta en la que interviniera de forma delictiva. Tilda de “investigación prospectiva” el procedimiento y pone en duda la validez de los audios que sustentan parte del informe policial. Subraya que no consta su clonado ni su apertura judicial, y critica que su contenido se filtrara previamente a la prensa.
Además, cuestiona la credibilidad de Koldo García como fuente, recordando que fue condecorado por la Guardia Civil en 2018 y que durante los registros se le encontraron 23 teléfonos móviles y una grabadora. Según la defensa, Koldo se grabó a sí mismo mientras hacía propuestas delictivas, lo que convierte las grabaciones en pruebas obtenidas en condiciones anómalas.
Respecto a la relación de Cerdán con Servinabar, la defensa admite que tenía un 45% de participación según un contrato privado, pero niega que esa empresa se beneficiara de adjudicaciones. Aporta un documento con más de una docena de licitaciones por más de 600 millones de euros en las que, según argumenta, Servinabar no figura como adjudicataria, ni siquiera en las UTEs investigadas. Entre las obras mencionadas figuran actuaciones en la autovía A-32 Linares-Albacete, el puente del Centenario de Sevilla, la N-322 en Úbeda-Torreperogil, la A-63 en Asturias o el AVE Murcia-Almería.
Según la defensa, en muchos de esos casos las adjudicatarias fueron grandes constructoras como Acciona, Ferrovial, Tecade o Levantina, pero ninguna UTE con Servinabar. Por ello, consideran “incomprensible” que se construya un relato incriminatorio a partir de una empresa que ni siquiera aparece vinculada a las obras investigadas.
También refutan que existan pruebas de que Cerdán reclamara dinero a constructoras o que recibiera pagos, y critican que el juez base su estimación de cinco millones de euros en comisiones en “mera creatividad judicial”, al aplicar un supuesto 1% sin respaldo documental.
Sin enriquecimiento
Sobre el riesgo de destrucción de pruebas, la defensa sostiene que la causa lleva meses en instrucción, con registros ya efectuados y correos electrónicos clonados, incluso del propio PSOE. En ese contexto, considera desproporcionado utilizar ese argumento para justificar ahora la prisión preventiva. Asimismo, niega que se haya detectado un incremento patrimonial injustificado en Cerdán. Asegura que la UCO ya dispone de un listado de sus cuentas bancarias y que no se ha hallado ningún indicio de enriquecimiento.
Salellas reprocha que su cliente haya sido tratado como “presunto culpable” sin pruebas sólidas y califica de “agravio comparativo” que sea el único imputado en prisión provisional. Subraya que tanto Ábalos como Koldo están en libertad pese a estar implicados en hechos más amplios, como la presunta trama de las mascarillas.
El recurso presentado este jueves pretende revocar el auto de prisión y restituir la libertad de Cerdán, insistiendo en que se han vulnerado sus derechos fundamentales y en que no existe base probatoria suficiente para mantenerle privado de libertad. La Sala de lo Penal del Supremo deberá ahora pronunciarse sobre esta apelación.
