El empresario Antxon Alonso ha reconocido al juez que el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán firmó un documento para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca llegó a ejecutarse, y ha admitido el pago de una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro José Luis Ábalos.

El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.

Pero en su comparecencia en el Tribunal Supremo, en la que solo ha respondido a su defensa, ha confirmado la versión de Cerdán, esto es, que el ex dirigente socialista firmó el polémico documento, en un momento 2016 en el que pensó en abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán finalmente dio marcha atrás y rompió su documento. Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero dejando claro, eso sí, que no tenía ningún valor, y de la misma manera que hace con otros documentos de hace "20 años"

Lo que sí ha reconocido es que hizo una donación esporádica de 4.500 euros a Fiadelso, la fundación de Ábalos, por motivos fiscales, pero como hizo con otras muchas entidades, como equipos de fútbol femenino, rugby y Save the Children, según fuentes jurídicas.

Para Alonso es un "despropósito" que un proyecto privado figure en el origen de la trama

Antxon Alonso solo ha respondido a preguntas de su defensa, ante la que ha dicho que empezó en el mundo de las empresas de construcción y servicios en año 2000, año desde el que nunca ha tenido ninguna denuncia ni ninguna ilegalidad.

Ha explicado que Servinabar es una empresa que crea en 2015 relacionada con el proyecto de Mina Muga, con la idea de llevar el mantenimiento y la conservación de las instalaciones de la empresa.

Alonso ha explicado que el de Mina Muga es un "proyecto privado" que "no tiene que ver ni con adjudicaciones, ni con dinero público", de ahí que le parezca un "despropósito" que el informe policial lo sitúe en el origen de la trama.

"Es un proyecto de mina para extraer potasa que va a generar beneficios en una zona con poca población", ha dicho ante el juez, ante el que ha recordado que el promotor es Geoalcali, propiedad de un fondo australiano. Al ser extranjeros, ha explicado Alonso, "debían tener contactos con empresas nacionales para desarrollar el proyecto", y por eso fundó Servinabar 2000.

Es la empresa que el informe de la UCO sitúa como nexo entre Alonso y Cerdán, que han tenido una buena relación personal que no tuvo traslación en los negocios, ha asegurado. En un momento dado, en 2016, Santos Cerdán planea dejar la política, y es entonces cuando Alonso le ofrece ser socios y trabajar juntos. Preparan un documento, pero Cerdán nunca llegó a pagar su parte de las acciones ni el documento se elevó a ningún registro válido. Es la misma versión que sostuvo el lunes pasado el exdiputado navarro.

"En el 2015, en las elecciones al Parlamento navarro, [el PSN] tuvo un resultado malo. Santos me comenta que se plantea dejar la política. Yo le comento que estoy con el proyecto de la Mina y que es una oportunidad. Él se lo plantea. Se hace un borrador de escritura que establece las condiciones de futuro si va adelante. Él decidió continuar en política. No fuimos al notario, él no me pagó 6000 euros y por lo tanto no siguió. Él rompió su copia y yo la mía la guardé, la UCO ha visto que guardo documentos de 20 años", ha explicado ante el juez, ante el que ha insistido que es "socio único" y "administrador".

Con él, ha dicho, mantiene una relación de amistad desde hace años. De ahí que en 2017, ha explicado, compartieran el piso que Antxon disponía en Madrid por la gran cantidad de negocios que tenía entonces en la capital.

La relación con Acciona: cinco obras en Navarra en los últimos 7 años

Alonso ha explicado que él ha trabajado varias veces con Acciona, siempre a petición de esta gran empresa y en una relación muy común, que es la de UTE (unión temporal de empresas) entre una "empresa grande" y una "empresa pequeña". Así, Alonso ha explicado que han concurrido a más de 20 licitaciones, de las que solo consiguieron 5: las obras finales en el Navarra Arena, la reforma del Archivo de Navarra, un colegio en Arbizu (en UTE con Acciona y otra empresa), 62 viviendas de VPO en un barrio de Pamplona y la obra de los túneles de Belate, una UTE entre Acciona, Servinabar y otra empresa.

Sobre todas estas obras, ha dicho Alonso, ha habido auditorías y todas están correctas. Además, en todas ellas, Alonso ha dicho que Acciona "siempre es el socio mayoritario" y que "Servinabar se encarga de la prevención de riesgos laborales". Además, "la gestora de la UTE siempre ha sido Acciona".

La relación con Koldo García, profesional y temporal

Alonso ha dicho también que conoce a Koldo García, a quien contrató después de que Cerdán le dijera que buscaba trabajo, que era autónomo y que le podía presentar negocios. Negocios, por otra parte, ha dicho, en los que no obtuvo beneficio alguno fuera de la legalidad. Estuvo nueve meses y en enero de 2017 dejó de trabajar allá.

Alonso ha dicho que García tenía unas condiciones de entrada y salida en cada negocio y de ahí los pagos de 5.000 euros que figuran en el informe, en el que por cierto ha matizado no hay menciones en el informe en las que no se reconoce, como por ejemplo las que se refieren a él como "guipuchi", porque él es de Bizkaia. Ha dicho, además, que la UCO ya tiene en su poder todo el material, porque se llevaron sus dispositivos digitales y muchísima documentación.

Merino reconoce que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por el Franky

Respecto a Koldo, también ha situado el inicio de sus contactos en la obra minera. Según ha declarado, éste trabajaba ya para Geoalcali, haciendo pequeñas tareas como guiar a los camiones, ayudar en las catas del terreno o hablar con los dueños de la parcela. Todo, ha comentado, porque conocía a los propietarios y la finca. García, ha justificado, formaría parte de un equipo multidisciplinar.

Fernando Merino, exalto cargo de Acciona en Navarra y La Rioja, a la salida de su declaración en el Supremo Jesús Hellín

Merino ha subrayado que Acciona no le pagó por esos trabajos, sino Geoalcali. En cambio, sí ha reconocido que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por el Bar Franky, algo en lo que la UCO ve un mecanismo de blanqueo de capitales.

En ese mismo informe aparece el nombre de Miguel Moreno Purroy, que era asesor del bar Franky. En declaraciones a varios medios de comunicación, Moreno Purroy dijo que "vaya por delante que reconozco que lo que estaba haciendo sabía que lo estaba haciendo mal, no puedo alegar desconocimiento porque no sería cierto".

"Sus consumiciones elevadas las convierto en una factura mensual de comidas que emito a la empresa Acciona. La empresa paga, y en el momento en el que el restaurante recibe el dinero se lo paga a Koldo", decía Moreno Purroy. Las facturas van de 700 a 1.200 € y no habrán llegado a los 10.000 € en total.

En este punto, ha defendido que eran facturas reales por comidas, detallando que el bar tenía un pequeño reservado donde se hacían reuniones con Geoalcali y otros proveedores. Koldo, ha subrayado, tenía autorización para celebrar allí encuentros por trabajo.

Sobre los nombramientos para Transportes y Medio Ambiente que le remitió Koldo, lo ha achacado a un error, asegurando que no era lo normal porque Acciona tenía otros departamentos para tratar directamente con ministerios.

Al ser preguntado por qué envió a Koldo una imagen con el resultado de las ofertas para una obra en Extremadura, si era delegado en Navarra, ha contestado que, aunque excedía de sus competencias, se la mandó porque le llegaban todas pero sin intención ninguna.

Sí ha admitido que puso en contacto a sus cuñados -Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR- con Koldo para facilitarles el acceso a Transportes. Por la misma razón, ha relatado, preguntó a García por un expediente de una obra adjudicada a OPR que estaba parado.

Tras las declaraciones, el instructor les ha prohibido salir del país, con entrega de pasaporte, y obligado a ir cada quince días a sede judicial, tal y como pedía Anticorrupción.