on innumerables las veces que hemos reclamado que se haga efectiva en nuestra sociedad del siglo XXI el derecho constitucional a una vivienda digna para todas las personas y familias.

La crisis del 2008 sacó violentamente de sus hogares a miles de familias, manteniendo sus deudas hipotecarias en muchos casos, con empleos precarios y mal pagados en el mejor de los casos, y obligadas a buscar vivienda de alquiler en un mercado secuestrado por los fondos buitres, la creciente demanda de viviendas turísticas y la escasa voluntariedad de quienes disponen de viviendas vacías.

Parecía que los efectos del coronavirus, en tanto que su capacidad de contagio no admite diferencias aparentes, nos haría más iguales, más vulnerables y, por tanto, más conscientes de las cuestiones que de verdad nos importan como sociedad.

Y así ha sido si reparamos en la enorme cantidad de gestos solidarios y voluntarios de personas que están trabajando para los demás, haciendo mascarillas o la compra de sus vecinas mayores, alegrando el vecindario con su música y tantos otros ejemplos que nos reconcilian con la parte humana de nuestra sociedad.

Pero seguimos inmersos en una sociedad injusta, una sociedad que no puede compensar las enormes desigualdades que ella misma ha generado con esos preciosos gestos de solidaridad.

En el tiempo que llevamos parados, y en el que nos queda, es fundamental diseñar cambios radicales en nuestra forma de funcionar para garantizar que ni éste ni el próximo coronavirus genere más desigualdad, sino menos, para reorientar todos los recursos disponibles hacia las necesidades básicas de todas las personas, empezando por la comida y la vivienda y siguiendo por la sanidad pública, la atención social, la educación y la cultura.

Nuestro sueño no es volver a la normalidad injusta de antes del coronavirus, sino construir una nueva normalidad basada en una verdadera justicia social porque no basta con la solidaridad voluntaria.

Para conseguir esa justicia social debemos exigir respuestas en función de sus responsabilidades y de sus capacidades a cada uno de los actores sociales:

Para garantizar una vivienda digna a todas las personas en una sociedad donde hay viviendas vacías de sobra habrá que ponerlas a disposición de quien las puede gestionar. Da igual que estén en manos de bancos, fondos buitre, ayuntamientos, gobierno, iglesia, empresas turísticas o particulares, todas ellas deberían ser obligadas (a falta de solidaridad voluntaria) a ponerlas en uso. Y de forma urgente para las familias con menores que están viviendo el confinamiento con hacinamiento.

¿A qué esperan esas grandes instituciones para poner encima de la mesa 100 ó 200 viviendas o espacios habitables entre todas ellas, cuando podrían hacerlo en 24 horas?.

Y no dejemos de mirar al futuro (con nuevas pandemias) en el que muchas más familias pueden verse en esa situación si la salida de la pandemia no se hace de forma más justa que la salida de la crisis 2008, que sigue sin resolverse. Donde será fundamental que todas las personas residentes tengan estatus de ciudadanía de pleno derecho. Donde la sanidad pública y la atención social sean de alta calidad y estén garantizadas.

Miembro de Batzarre y exconcejala de IE en el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona, respectivamente

Seguimos inmersos en una sociedad injusta, que no puede compensar las enormes desigualdades que ella misma ha generado

¿A qué esperan esas grandes instituciones para poner encima de la mesa 100 ó 200 viviendas o espacios habitables?