as políticas de austericidio que se aplicaron después de la crisis de 2008 implicaron recortes de servicios públicos y rescates bancarios, a costa de una precarización de las condiciones de trabajo y de vida de la mayor parte de la gente.

Antes de la pandemia de la COVID-19 ya teníamos altas tasas de desempleo, temporalidad, parcialidad... Todo ello basado en un reparto de la riqueza que origina cada vez más desigualdades, también en los años de crecimiento económico. Hay que recordar que en Navarra ya había más de 80.000 personas en riesgo de pobreza y casi la mitad de ellas vivían en esa situación a pesar de tener un empleo. Esta realidad golpea principalmente a determinados colectivos y personas, como ocurre con las mujeres, las personas racializadas o las que no tienen nacionalidad española. En definitiva, un sistema insostenible social y ecológicamente que la pandemia ha terminado de detonar.

Y en el otro lado se encuentran las grandes privilegiadas de la política en Navarra, que son las rentas altas y las empresas. Navarra es el territorio de todo el Estado donde las empresas menos pagan por el Impuesto de Sociedades, y además, cuanto mayores son, más privilegiadas resultan. Si esto fuera poco, la principal medida fiscal que ha tomado el Gobierno de Navarra esta legislatura ha sido reducir, aún más, la carga impositiva a las empresas. Y con todo, la consejera de Hacienda sigue considerando injustificado subir los impuestos a las empresas.

Renunciar a una reforma fiscal es optar por los recortes. La previsión de recaudación ha caído en más de 800 millones de euros en Navarra. Si no se aumentan los ingresos está claro que no se podrá sostener el actual nivel presupuestario. Lo mismo que ocurrió en la crisis de 2008. Se produjo un fuerte aumento del déficit público, causado por una importante pérdida de recaudación. Ese déficit se convirtió en deuda, y después la deuda se convirtió en la prioridad para tener que pagar los intereses, recortando así el gasto social. Si no queremos que la historia se repita hay que aumentar la recaudación, y de manera justa.

Para lograr una salida a la crisis más justa, ELA considera indispensable la movilización y la activación social. La alternativa del diálogo social, un entramado que históricamente se ha dedicado a financiar a sus participantes a cambio de paz social, se ha demostrado ineficaz, entre otras cosas, porque permite a la patronal vetar cualquier acuerdo que perjudique a sus intereses. Los intereses de la patronal y los de la clase trabajadora no son los mismos, aunque nos repitan como un mantra lo del "mismo barco". Esta es la gran mentira del diálogo social: los problemas de la clase trabajadora no se solucionan a la vez que se beneficia los intereses de la patronal, se mejoran a costa del interés de la patronal.

Es inútil hablar sobre medidas y líneas estratégicas si luego no hay cómo pagarlas. Es lo que ocurre con el Plan de Reactivación que ha presentado el Gobierno de Navarra. Están por definir las medidas, pero falta lo más importante, cómo se van a financiar.

Es hora de decidir qué intereses se defienden: los de unas empresas que tienen un trato privilegiado en Navarra y pagan menos que en ningún otro territorio del Estado, o los de la mayoría de la gente a través de unos servicios públicos y un reparto de la riqueza más justo. Hay que decidir entre aumentar la recaudación o recortar.

¿Qué plantea ELA? Proponemos aumentar los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital. En el Impuesto sobre Sociedades eliminar las deducciones, y aplicar un recargo equivalente al 20% de los beneficios que obtuvieron las empresas en 2019. En el Impuesto sobre Patrimonio un recargo progresivo, entre el 1 y el 10% de la base imponible de este impuesto. Solo con estas medidas se recaudarían 900 millones de euros en Navarra.

Es hora de tomar decisiones que condicionarán las políticas de los próximos años o décadas. Es posible un reparto más equitativo de la riqueza y dar una salida justa a la crisis. Es cuestión de prioridades y voluntad política. Las medidas que proponemos permitirían compensar la pérdida de ingresos, aumentar de manera importante los programas sociales, y potenciar la necesaria orientación del sistema productivo desde una perspectiva social y ecológica. El autor es miembro del Gabinete de Estudios de ELA