levamos meses contemplando con asombro el revuelo que se ha creado en torno a la aprobación en el Congreso de las y los Diputados de una ley que recoja y ampare los derechos de las personas trans.
Ha quedado de manifiesto que detrás de esta discusión se han intercalado intereses partidistas y de búsqueda de protagonismo, que flaco favor hace a lo que dicen defender. La postura demostrada por parte del PSOE es más que inexplicable. Pero visto desde Navarra aún entendemos menos su postura, a tenor de lo que propuso y defendió en la tramitación y aprobación de la ley LGTBI+ de Navarra, la cual incluía un extenso apartado dedicado a los derechos de las personas trans, recogiendo el más importante: la autodeterminación de género.
Ante esta situación dubitativa (o estratégica), se han sumado voces que hablan de borrado de las mujeres, algo que no parece haber sucedido en aquellos lugares donde existen leyes que contemplan la demandada autodeterminación de género. Y la autodeterminación significa clara y llanamente que nadie tiene que decirle a una mujer si lo es o no. Tampoco tiene nadie que decir lo mismo a un hombre.
Vemos curiosas alianzas, y vemos que poco dicen sobre el verdadero borrado sistemático de las mujeres a lo largo de la historia, de mano del patriarcado. Mujeres borradas en la ciencias, borradas del currículo educativo de Historia de la Filosofía donde no hay ni una sola mujer, borradas de los órganos de decisión, del derecho a la libre circulación sin ser acosadas, borradas en el lenguaje...
EHGAM-Nafarroa defiende una ley trans que recoja la autodeterminación de género, y defiende que sea a nivel estatal, porque la ley navarra -por muy buena que sea- se queda corta en determinados derechos. Cuando se aprobó dicha ley, el Estado anunció un posible recurso legal si no quedaba claro que “la identidad jurídica del interesado no podrá ser modificada en tanto no se produzca la rectificación de la inscripción registral regulada en la ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas”. Ninguna autonomía tiene la capacidad de cambiar en el registro la información referente al género de la persona. Este derecho se legisla en Madrid.
El pasado 17-M recordabamos que hace tan solo 3 años se borró la transexualidad de la lista de trastornos mentales, donde era considerada una cuestión de disforia de género. El no dejar atrás la recogido en la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral, es un acto de violencia institucional contra las personas trans, puesto que en dicha ley viene recogido entre los requisitos para acordar la rectificación registral de la mención del sexo que le ha sido diagnosticada disforia de género, para lo cual debe de ser acreditado mediante informe de médico o psicólogo clínico; pero además, que la persona ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Dicho de otra manera: tratadas como personas con trastorno y medicalizadas.
Ya avanzamos en el momento en el que no se hizo necesaria ningún tipo de intervención genital para recoger el tránsito a nivel legal. Ahora es el momento de la despatologización real, el contemplarlo como un derecho inalienable de toda persona. Nadie nos dice quién somos.
Pedimos, exigimos al PSOE coherencia, que mantenga en Madrid lo que ha defendido en los territorios en los que ha presentado o impulsado leyes que contemplan lo que ahora está negando, a pesar de estar en su ideario político. Seguiremos trabajando junto a los grupos trans para avanzar en el camino de la igualdad real, tanto en lo social como en lo legislativo. Y lo haremos junto al transfeminismo.
EHGAM Nafarroa
