Condenadas a una traducción baratica

17.06.2021 | 00:12

En las próximas oposiciones de Educación, el tribunal de la especialidad de intervención sociocomunitaria en euskera estará compuesto por varios miembros que desconocen dicha lengua. El departamento argumenta que el nombramiento de estos miembros se debe a que no encuentra personal funcionario euskaldun suficiente en esa especialidad, y pretende solucionar el problema con la intervención de traductores e intérpretes.El personal que se presente a la oposición realizará todas las pruebas selectivas en euskera por imperativo de una ley existente únicamente en la Alta Navarra, y desde 2017. Esta ley fue impulsada por el PSN, con el apoyo de UPN, PP e IE, y tenía como objetivo impedir que el gobierno de Geroa Bai llevara a cabo una oposición sin apartheid lingüístico y, en último término, imposibilitar una lista de contratación que integrara especialidades y lenguas.La situación provoca angustia y malestar entre el profesorado afectado por esta discriminación ya que, aparte de no garantizársele su derecho a tener un tribunal lingüísticamente capacitado en euskera, se verá en la obligación de usar una lengua desconocida por una parte del tribunal, y no podrán utilizar en ningún momento el castellano, endosando la responsabilidad de una correcta comunicación a las traductoras e intérpretes contratadas al efecto. ¿Alguien puede imaginar un tribunal de oposiciones para plazas de castellano con miembros que desconocen esa lengua y se impide a las opositoras utilizar la lengua de los componentes del tribunal?Además, el Gobierno de la Alta Navarra cuenta con traductoras e intérpretes y, si aumenta la carga de trabajo, puede contratar a más personal para el servicio público, pero ha decidido externalizar este cometido a una empresa privada al objeto de abaratar el coste. Por otra parte, es de sobra conocida la explotación a la que, en general, someten las empresas de traducción a traductoras e intérpretes. ¿Cómo se garantizará a las opositoras una traducción digna y adecuada?Lo anterior se enmarca en la política de desnormalización lingüística impuesta sin cesar a la ciudadanía navarra, quien no tiene opción a ser atendida en euskera en la mayoría de servicios del Gobierno de Navarra. La traducción e interpretación jamás pueden suplir el derecho a ser atendida en euskera. Por todo ello, STEILAS exige que se garantice en todas las especialidades en euskera tribunales constituidos por miembros euskaldunes, y la derogación de la Ley Foral 17/2017.

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