La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto sendas sanciones (por un total de 203,6 millones de euros), a seis grandes empresas constructoras: Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr. Se trata de un gravísimo caso de corrupción. Conforme a lo investigado, durante 25 años mantuvieron un sistema para repartirse la adjudicación de contratos públicos de obras de edificación e infraestructuras. Hay dos cosas en todo esto que llaman la atención. La primera de ellas es que aunque el importe de la multa sea muy elevado, los beneficios obtenidos habrán sido mucho mayores. Por ello, resulta rentable cometer esta clase de delitos que, presumiblemente, se repetirán en el futuro. Una vía para disminuir el riesgo sería que, en casos similares, los máximos directivos de las empresas tuvieran que cumplir penas de prisión. Por otra parte llama la atención que los medios de comunicación apenas hayan informado sobre los hechos. Además de que las grandes empresas pueden presionar con la baza de retirar la publicidad (o insertarla), a veces algunas de ellas son, en parte, propietarias de periódicos o televisiones. Esto, unido a la gran concentración de medios que se produce en España, supone un grave problema para la democracia.
