Bajo el pretexto de “seguridad nacional”, el reconocimiento facial se convierte en una herramienta estatal para vigilar excesivamente a la población, vulnerando el derecho a la protesta.
Paralelamente, los Estados implementan sistemas de inteligencia artificial no regulados para evaluar solicitudes de asistencia social o determinar la probabilidad de que alguien cometa un delito.
Asimismo, gobiernos europeos recurren al uso de tecnologías opacas y hostiles en sus fronteras, facilitando los abusos contra las personas en movimiento. Estas “soluciones técnicas”, que supuestamente ahorran costes y tiempo, reproducen problemas estructurales como la pobreza y la discriminación.
Es crucial que el Gobierno de España aproveche la oportunidad que le otorga ocupar la presidencia del Consejo de la UE para influir en las negociaciones del nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial, presionando para que se adopte una legislación que proteja los derechos humanos tanto dentro como fuera de las fronteras europeas, y en la que no haya cabida a que sean las propias empresas que fabrican tecnologías de alto riesgo las que determinen el riesgo de sus productos, sino que estas tecnologías peligrosas estén directamente prohibidas por el reglamento, pionero en el mundo.
*Responsable de Campañas de Derechos Humanos
