Como vecina de Tafalla y persona con daño cerebral adquirido (DCA), llevo años enfrentando una situación que afecta tanto a mi propiedad como a mi salud. El estrés crónico, la ansiedad y la baja autoestima, provocados por la falta de respuestas del Ayuntamiento de Tafalla, han empeorado considerablemente en los últimos cinco años. Esta violencia administrativa ha agravado mi condición, afectando mi bienestar emocional y físico.
La violencia administrativa no es un simple error, es una violación reiterada de mis derechos fundamentales, un ataque directo a mi dignidad. En lugar de servir a los ciudadanos, el Ayuntamiento de Tafalla ha obstaculizado y empeorado mi vida, negándome el apoyo que por derecho me corresponde. En esta lucha, el poder del ayuntamiento me deja completamente indefensa. Cuando he señalado la vulneración de mis derechos, en vez de buscar soluciones, su única respuesta ha sido deslegitimar mi denuncia, difamarme y atacar mi credibilidad.
El Ayuntamiento de Tafalla no solo es responsable de su inacción, sino también de aquellos que, al ver la injusticia, eligen ignorarla. No es solo un agresor, sino quienes permiten que esta violencia persista. Este artículo visibiliza mi lucha e invita a los responsables políticos de Tafalla a reflexionar sobre el impacto real de la violencia administrativa.
