La vigilancia de los servicios esenciales como el gas, la electricidad, el agua, el transporte público, la gestión de residuos, es una responsabilidad incuestionable del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Este deber no solamente abarca el funcionamiento ordinario de dichos servicios, sino que debe incluir la preparación ante emergencias y la garantía de continuidad operativa.
Es normal que las empresas proveedoras de servicios esenciales dispongan ya de planes de emergencia y protocolos de actuación. Sin embargo, esto no exime a las administraciones públicas de ejercer una labor activa de supervisión, coordinación y mejora continua.
PLANES
Todo hace pensar que muchos planes son genéricos a nivel estatal o corporativo. Es fundamental adaptarlos a los escenarios locales. Los simulacros y coordinación local: mediante acciones conjuntas entre los servicios y la administración municipal, es clave para la eficacia en situaciones reales.
En el desarrollo normativo autonómico, se tiene margen para establecer normas específicas que refuercen la garantía de suministro eléctrico, contemplando incluso un régimen sancionador.
SERVICIOS ESENCIALES
La formación y comunicación con la ciudadanía: la resiliencia no solo depende de infraestructuras y protocolos, sino también de que la población esté informada y formada en autoprotección.
Vigilar los servicios esenciales no es solo un deber legal, sino una obligación ética y social de las administraciones públicas. Por el acontecer, hay una base sobre la que construir, pero también muestra vacíos de coordinación, comunicación y planificación territorial que deben resolverse. La seguridad, el bienestar y la cohesión de una comunidad dependen en buena parte de que estos servicios estén preparados no solo para funcionar, sino para resistir y recuperarse de cualquier contingencia.
