La sociedad aplaude retóricamente el valor del trabajo de cuidados, pero a la hora de la verdad, lo castiga en la nómina y, más aún, en la jubilación. Es una hipocresía estructural que miles de mujeres soporten la carga invisible del sistema social para encontrarse, al final de su vida laboral, con una brecha de género en las pensiones que las condena a la vulnerabilidad. 

Esta desigualdad se debe a las lagunas de cotización y a los empleos a tiempo parcial forzados por la crianza y la dependencia. Actualmente, la pensión media contributiva de las mujeres es un 24,4% inferior a la de los hombres, según datos de la Seguridad Social. Esta cifra no es un error administrativo, es el precio oficial que el sistema impone al trabajo de cuidar. 

Urge un cambio legislativo que transforme la corresponsabilidad de un eslogan a una realidad económica. El trabajo que sostiene la vida debe ser plenamente compensado en la pensión. La justicia económica para las mujeres no puede esperar más.