Una audiencia es para escuchar. Un diálogo consiste en exponer criterios, conocer analogías y diferencias, y tratar de conciliarlos. Una negociación compromete exigencias y concesiones. Gobiernos españoles y ETA han dialogado y negociado en diferentes épocas, con representantes directos y a través de mediadores. Se han escrito subjetivas apreciaciones a modo de informes. Ninguna de las partes merece credibilidad absoluta, pero todas aportan pistas verosímiles. Nadie está dispuesto a cumplir todo lo que promete. El margen para la denuncia por incumplimiento es asumido de antemano. El Gobierno lo castiga con detenciones, represión y política penitenciaria. ETA, con atentados, rearme y extorsiones. Las demostraciones de fuerza nunca cancelan los reencuentros negociadores. Acentúan su discreción. Es un juego clandestino, ilícito, siniestro y macabro aceptado en las cloacas de la democracia. Quien se escandaliza peca de ingenuidad aguda. Si el escandalizado se dedica a la política revela una indecente hipocresía. Las concesiones insinuadas por un Gobierno pueden irritar a la sociedad y dar argumentos de combate dialéctico a la oposición. La actitud de los negociadores de ETA sólo afecta a una pequeña masa crítica de militancia, presos e izquierda abertzale. De la revelación de contenidos, el Gobierno tiene mucho más que ganar o perder que la organización separatista armada. Los luchadores por una causa secesionista no tienen por qué ser más mentirosos que los defensores institucionales de la contraria. En realidad, la mentira es consustancial al poder político y hasta el más sanguinario criminal cuenta verdades. Las exploraciones negociadoras son una prospección de posibilidades en los fines perseguidos por cada interlocutor. Se mueven fichas para indagar estrategias. La pretensión finalista de los agentes negociadores es irreconciliable: ni el Gobierno está en condiciones de conceder el derecho de autodeterminación y las aspiraciones de territorialidad, ni ETA va a arriar voluntariamente esas banderas, exigencias mínimas de un catálogo histórico más denso y ambicioso. La política de Estado se modula a conveniencia: lo mismo habla de execrable banda de asesinos que de movimiento de liberación nacional vasco; igual designa enviados especiales para conversar con pistoleros que sienta en el banquillo a políticos electos por hacerlo con políticos ilegalizados; tanto inyecta fondos reservados a delitos de Estado como neutraliza una detención por entrega de la recaudación del impuesto revolucionario. Si Pernando Barrena hubiera tenido en su casa un retrato de Gadafi en lugar del anagrama enmarcado de ETA, en algún momento histórico, lejos de considerarlo integrado en banda armada, hubiese sido un estadista. Paradójico.
