El Gobierno de Navarra ha decidido romper el convenio que desde 1998 tenía firmado con 23 entidades locales para la normalización del euskara en el ámbito municipal. De esta manera pone punto y final a una colaboración que ha dado muchos e interesantes frutos. Demasiados. A partir de ahora nada de ayuda directa sino concurso público abierto a todo el mundo y en el que el Gobierno, y sólo él, decidirá a quién le da el dinero y para qué. Dicen que es mucho más democrático porque así cualquier ayuntamiento navarro, tenga o no servicio de euskera, podrá optar a estas ayudas.
132.747,34 euros a repartir en toda Navarra. Unos 20 céntimos por habitante. Está claro que la política de "el que quiera euskera, que se lo pague" les llega ahora a las entidades locales sin ningún tipo de pudor. Los ayuntamientos tendrán que decidir si están dispuestos o no a poner de su bolsillo el dinero necesario para el mantenimiento de su servicio de euskera y para realizar campañas de sensibilización y actividades culturales, al margen de lo que les pueda tocar en la tómbola de las subvenciones.
Con la creación de Euskarabidea quedó neutralizada la política lingüística del Gobierno navarro. A este departamento se remite todo lo que tiene que ver con el vascuence, pero al mismo tiempo se dota con un escuálido presupuesto que funde, prácticamente, en su propia supervivencia. Ahora les tocaba el turno a las entidades locales, y pone en la picota a los servicios de euskera que han sido, y son, uno de los principales motores del desarrollo del euskera en la Comunidad Foral.
El nuevo sistema de concurso público no favorece, precisamente, la colaboración entre entidades, sino la competencia. Se posibilita que los ayuntamientos recurran a empresas privadas para la gestión de actividades culturales y que se dejen al margen todas aquellas iniciativas que puedan resultar molestas para los amos, como las campañas a favor de la enseñanza en euskera, por ejemplo, tema especialmente irritante para el Gobierno.
