Hay estilos inconfundibles de hacer las cosas. Sacyr, firma que lidera el grupo empresarial que se hizo con la obra de ampliación del Canal de Panamá, se lo quiso hacer a la española. O sea, tiro los precios en mi oferta, consigo la contrata y luego ya negociaré los sobrecostos con la autoridad pertinente. Por este sencillo procedimiento las grandes empresas constructoras del Estado -la propia Sacyr, ACS, Ferrovial, Acciona y todas las que cotizan en el IBEX35- se han hecho con centenares de contratos de obras públicas en este país. En la corte de los milagros del reino de las Españas, hemos visto en estas últimas décadas cómo proyectos presupuestados en 50 millones acababan constando al contribuyente 60, 70, 80, incluso más sin que a las respectivas administraciones se les moviera un pelo. En Navarra también sabemos mucho de eso en obras como el pantano de Itoiz, Canal de Navarra o la Autovía del Camino. Ni una sola empresa constructora ha sido penalizada por ello. Nuestros gobernantes, en vez de denunciar a los incumplidores, pagaban sin chistar la diferencia, que luego ya se lo sabrían agradecer. Manuel Manrique, presidente de Sacyr, declaró el pasado año en calidad de imputado por la presunta entrega de 200.000 euros al PP en los tiempos en que Luis Bárcenas era tesorero de esta formación política. Habría sido el actual preso de Soto del Real el que recibió la cantidad en propia mano. Algunas gentes descubren ahora con sorpresa que lo que es práctica habitual aquí no resulta aceptable fuera. El Gobierno panameño no traga con los 1.600 millones de dólares que Sacyr le pide como sobrecosto de una obra que le fue adjudicada por 5.250. Crisis internacional, decían algunos periódicos. Ayer, la ministra Ana Pastor, cual 7º de caballería, acudía a Panamá enviada por Rajoy para "mediar" en favor de los generosos donantes de su partido. Eso es España.
