audiencia Nacional. Juicio por el caso Alsasua (octubre 2016). Los incidentes en aquella noche de fiestas provocaron lesiones a dos Guardias Civiles y sus parejas. Un rato aciago, secuela de animadversión. Amnistía Internacional asistirá como observadora. Opina que los cargos de “terrorismo” deberían ser retirados. Pide un procedimiento penal ordinario, desde el reconocimiento de que “las agresiones denunciadas son graves”. Esteban Beltrán, su director nacional, expone: “Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”. Virginia Álvarez, responsable de Política Interior, resalta: “Nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista”. No es la primera vez que lo advierte. “Las autoridades españolas siguen vulnerando sus obligaciones internacionales con los derechos humanos” en medidas de lucha antiterrorista, actitud que AI califica de “pasos atrás” en las reformas del Código Penal. Durante el juicio, la delegación de Amnistía Internacional estará “vigilante” de que todas las partes comparecientes tengan acceso “a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones”, preocupación sobrevenida ante el hecho de que las autoridades judiciales “hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas”. El apoyo social e institucional a la retirada de la calificación de terrorismo es notorio y notable, incluidos el Gobierno foral y la mayoría cuatripartita del Parlamento. Sentimental, político y jurídico. Reacción a desmesura judicial. Nadie pide impunidad.
