La derecha política navarra -la autóctona y la franquiciada- son constitucionalistas a la carta. A conveniencia. Artículo 2º del Título preliminar del Estatuto de Guernica: “Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. En el caso de Navarra, precisa: “En el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria 4ª de la Constitución”. La disposición adicional 2ª del Amejoramiento del Fuero señala al Parlamento como el órgano foral competente para ejercer la iniciativa de incorporación y de separación de Navarra contemplada en esa transitoria de la Carta Magna. Se trata de un derecho constitucional de los ciudadanos navarros. Que UPN, PPN y Cs planteen una modificación supresora de esa disposición transitoria, es respetable. Que el PNV -pragmático aprovechategui de las necesidades de Moncloa- aspire a una Euskal Herria como nación con siete territorios y derecho a decidir su modelo de relación con el Estado, también. La reforma constitucional y la de un estatuto de autonomía requieren de mayorías inalcanzables hoy por hoy, según qué pretensiones, en las Cortes Generales. La iniciativa parlamentaria navarra tendría que ser seguida de un referéndum, por ahora con apoyo minoritario. Así que puro griterío. Con efecto de eco obsesivo. Navarra tiene una lengua propia -el “vascuence”, oficial en la zona vascoparlante- y una lengua oficial en todo el territorio: el castellano. La zonificación está determinada por ley foral. Regula también uso y enseñanza. Quienes la prohibieron, persiguieron y, al legalizarla, redujeron a su reserva coyuntural, reclaman igualdad. La que negaron o dificultaron. De proscrita, a consentida. Actitud de fóbicos. Sus conocedores tienen la responsabilidad de usarla. Al tratarse de lengua propia, no procede su mera conservación. Sino su fomento. Aunque soliviante.
