Imagino que recordarán el jaleo monumental que entre un ciudadano, UPN, PPN y cierta prensa se montó en septiembre con el crimen de Cáseda, cuando se acusó al 112 de estar plegado a intereses de a saber qué tipo y de no haber avisado a la Guardia Civil de Cáseda para que fueran al lugar del crimen. Hace pocos días, el Ministerio del Interior reconoció tras una pregunta de Eduardo Santos (Podemos Navarra) que el cuartel de Cáseda estaba cerrado ese día -acudieron dos guardias, pero fuera de servicio- y este martes se conoció que el Juzgado de Aoiz había archivado la denuncia del ciudadano -vecino de Cáseda-, concluyendo que la actuación del 112 se ajustó a todos los protocolos existentes y que el aviso se dio en primer lugar al Centro de Mando de Policía Foral y este a su vez lo trasladó en esta ocasión al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, el único -esto es importante, básico y clave- que tiene potestad para decidir qué cuartel y personas de su organización moviliza. El 112 no tiene absolutamente ninguna potestad para eso. El acoso y derribo durante unos días fue nauseabundo y Sayas -UPN- dijo que de confirmarse lo denunciado “se demostraría una vez más que Beaumont está incapacitada para dirigir el Departamento de Interior porque es incapaz de anteponer el servicio a los navarros a su ideología nacionalista”, mientras que Beltrán -PPN- afirmó que “no vamos a tolerar bajo ningún concepto que este Gobierno sectario y temerario siga poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”. Beltrán se lo guisa y se lo come ella solita en el PPN, pero en UPN nadie reculó las palabras de Sayas y por supuesto esta semana no hay ningún mea culpa o aunque sea un disculpen el error, cometido, recordemos, sobre la plantilla del 112 y su compromiso con la seguridad ciudadana, así como el de la Policía Foral. Así ha sido su legislatura: esparcir mierda caiga donde caiga.
