levo toda la vida asistiendo al hecho de que mis amigos y amigas del pueblo cuando tenían 13 y 14 años -al acabar 8º de EGB- tenían que ingeniárselas con sus familias para poder acudir a un instituto en Pamplona. Siendo aún unos críos y crías, se veían obligados a alejarse de su hábitat y de en muchos casos sus familias y amistades. Eran los únicos de Navarra a los que eso les pasaba. Sigue pasando, ahora dos años antes. Esto ha generado a miles de familias del Pirineo problemas que ni se imaginan quienes han tenido el acceso a la educación secundaria en la puerta de casa o casi o a tiro de un autobús de voy y vuelvo: económicos, laborales, logísticos, emocionales. Uno de los acuerdos que existían para que al menos los desplazados a Pamplona pudiesen elegir el instituto más cercano al lugar donde vivían entre semana era empadronarlos en el propio colegio y que así no tuviesen que además de irse de su pueblo tener que desplazarse por Pamplona un montón de minutos. Esto ha saltado por los aires con los planes de Educación de eliminar esa excepción, lo que demuestra claramente que el nivel de empatía del nuevo equipo educativo es tendente a cero. Argumentan que puede ofrecer inseguridad jurídica. Una inseguridad que en años y años no ha aparecido puesto que no hay queja ninguna. Parece lo más humano y lógico hacer excepciones con el alumnado desfavorecido. Y el del Pirineo lo es. Y mucho. Ahondar en esa discriminación al tiempo -como hace el consejero- que se habla de levantar un instituto en la zona es propio de quien valora bien poco la realidad de -este curso- 23 jóvenes y de los que vengan en el futuro hasta que ese supuesto instituto zonal esté en pie -Dios te quiere, pero que te lo ponga por escrito, dice Woody Allen-. Si Educación mantiene su actitud ante este tema sería imperdonable. La política es solucionar problemas sin crear nuevos. No al revés.
