omer es un acto político. Porque detrás de cada patata, fresa o chuletón, hay un coste ambiental y especulativo que cotiza más allá del paladar. Garzón no ha dicho nada que no haya dicho antes la Unión Europea. Ya en diciembre de 2021 la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia Europea por la deficiente aplicación de la Directiva sobre nitratos y malas prácticas agropecuarias. Y lo que denuncia el ministro es eso, que las macrogranjas no son sostenibles, que son contaminantes y que su producto final tiene una calidad relativa.

Que yo sepa, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra no ha pedido, como ha solicitado a Garzón, la dimisión de Koen Lenaerts, presidente de dicho Tribunal de Justicia. Garzón solo dice algo muy aceptado en gran parte de Europa y compartido por no pocos ganaderos y ganaderas navarras. Que hay que superar el modelo de ganadería intensiva industrial que concentra la riqueza en pocas manos, que provoca la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares, desestructura el tejido social del campo y fomenta la despoblación rural.

Este modelo funciona en Caparroso donde se ubica una de las mayores macrogranjas de Europa. Con 5200 vacas estabuladas, consume a diario casi un millón de litros de agua, genera al año 129.000 toneladas de purín y 19.500 toneladas de estiércol. Es propiedad de la Empresa valle de Odieta, la misma que quiere instalar otra macrogranja en Noviercas (Soria) para 23.500 vacas. Como ha denunciado la Fundación Sustrai Erakuntza, la macrogranja de Caparroso acumula numerosos procedimientos sancionadores por las continuas irregularidades y delitos ambientales de todo tipo. Este modelo de explotación y negocio cárnico es lo que Garzón cuestiona, una ganadería industrial que condena al mundo rural. Allí donde algunos voceros quieren extraer votos baratos. Porque de eso se trata. De eso y de buscar enemigos simplificando el discurso.