Esa persona que hurga en los contenedores puede ser el siguiente candidato. Circula en una bici a la que ha adaptado una cesta de plástico y donde deposita lo que va encontrando y entiende de utilidad. Ayer me pasó dos veces a buena velocidad y deduzco, por la falta de peso, que la mañana no le resultó de provecho. Hay mucha gente así, con bici, sin bici o con carrito. Cada vez más. Posibles interesados que cuando escuchen la noticia de la desarticulación de una red dedicada a la compra-venta de órganos además de asombrarse o de indignarse pueden descubrir una oportunidad no explorada, peligrosa y al margen de la ley, sí, pero más angustioso es saber que para mañana no hay nada de comer. Esos cinco primeros detenidos en España desvelan que el tráfico de órganos ya es un fenómeno desatado a nivel mundial y muy lucrativo. Un riñón llega a valer en el mercado negro alrededor de 120.000 euros y en situaciones de máxima desesperación puedes pensar que siempre te queda otro. Donar órganos es un gesto de enorme generosidad, venderlos al mejor postor una respetable opción personal (personajes de reconocida popularidad y capacidad económica se cuenta que han explorado esa opción antes de perder la paciencia y la vida en una lista de espera). El problema cobra crudeza cuando la necesidad de unos se convierte en negocio de otros al hilo del aumento de la demanda, se mueve en las zonas oscuras de la ley y la criminalidad comienza a dictar las normas y a campar a su anchas. Pero quién puede criticar, o si quiera perseguir, al que decide correr ese riesgo en una situación de crisis extrema y no tan alejada de nosotros por lo que ayer mismo detallaban otra vez los responsables del Banco de Alimentos. En este escenario, esa misma legalidad que prohíbe vender un órgano, ¿qué hace para calmar los gritos de auxilio de los estómagos vacíos? Si se trata de prevenir a posibles víctimas, que empiecen protegiendo a quienes pueden acabar hurgando en los contenedores.
