entiendo que a buena parte de la ciudadanía le salga sarpullido en la piel cuando lee y escucha los planes de puesta en marcha de una nueva infraestructura y, con ella, la previsión de millones de euros adjudicados a ese proyecto. Y no porque en tiempos de estrecheces, en los que la Administración prescinde de atenciones sanitarias y escamotea recursos para la asistencia social, lo aconsejable parece medir los gastos -sobre todo si no van a tener una repercusión inmediata y positiva para la sociedad-, sino porque tanto ruido de dinero dispara las alarmas. Y no es dudar por dudar ni poner a todo el mundo bajo la lupa; esas infraestructuras en las que se pasa de contrata a subcontrata y de esta a subsubcontrata, parecen albergar el caldo de cultivo adecuado para que arraiguen la comisión, el mangoneo y el expolio. Basta volver la vista atrás y tenemos ejemplos bien cercanos con la Autovía de Leitzaran o sobrecostes repentinos en otros proyectos de larga duración ejecutados en esta tierra.
De ahí que la detención de nueve personas (cinco han pasado ya a disposición judicial) por haber inflado presuntamente los precios en la ejecución del AVE entre Madrid y Barcelona para repartirse unos seis millones de euros solo venga a corroborar lo anterior. Es una muestra más de esa oportunidad de negocio que encuentran los menos escrupulosos para convertir una obra pública en un lucro privado. Hablamos de esa cultura tan extendida del pícaro que mama las enseñanzas del aprendizaje in situ: ver cómo los más próximos tratan de enriquecerse de forma ilícita, comprobar que luego se van de rositas, sin responsabilidades ni dar cuentas, y preguntarse por qué no puede hacerlo él. Con ser este el problema, lo es tanto o más que no se haya ejemplificado por parte de la Justicia con la respuesta contraria: el que la hace, la paga. Aquí la única certeza a día de hoy es que quien la hace, la cobra.
