el medio millar de personas que logró ayer saltar la valla en Melilla desde el lado de Marruecos prorrumpía en cánticos de victoria cuando llegaba al sobresaturado Centro de Estancia Temporal de la ciudad autónoma. Parece que esta vez no hay que lamentar el uso abusivo y desmesurado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad para frenar el ímpetu desesperado de los asaltantes. Demasiados palos llevan encima como para que les asuste la amenaza de una porra, un extintor o de los aerosoles. Pero si lo que buscan es desactivar de manera pacífica este asalto a la tierra prometida bastaría con exponerles de frente la realidad que hay al otro lado, leerles unos pocos titulares con las informaciones del día.
Deberían saber que en la tierra prometida uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza; y que 39.000 familias perdieron el pasado año por impagos su vivienda habitual. Un problema este, el de los desahucios, que "vulnera los derechos humanos", según destaca el informe difundido ayer por Human Rights Watch, que pone el acento en que el colectivo de inmigrantes es uno de los más afectados.
Si todavía les quedan ganas de subirse a la valla, alguien tendría que informarles de que en las recientes elecciones europeas los partidos xenófobos han ganado espacio y aunque logren superar los mil filtros administrativos que les ponen en cada país, y aunque se integren como uno más, y aunque lleguen a presidir una mesa electoral, nada les librará de que un apoderado del PP se sienta autorizado para ofenderles al grito de "sudaca", como ocurrió en un colegio de Ourense.
Son solo unas pinceladas de esta tierra prometida en la que el consejero de un Gobierno regional rapiña fondos destinados a la cooperación, quizá asignados a alguno de esos países de los que huyen los emigrantes, antes saqueados por las colonias y ahora utilizados también para distraer sucias maniobras de enriquecimiento.
