GMientras los ayuntamientos de la Cendea de Galar y Cizur, en cuyo término dibujó un grupo de promotores (Desarrollo Sostenible Guenduláin), preparan la artillería legal para recurrir el segundo proyecto que acaba de remachar el Gobierno de Navarra (el primero fue anulado por defectos de forma), el consejero de Fomento es más partidario de ponerle etiqueta por si vuelve a caer en desgracia en los tribunales o en los nuevos gobiernos. Aduce que 140 millones es el dinero que tendría que haber pagado la Administración foral si no hubiera aprobado el instrumento de ordenación urbanística denominado PSIS donde se recalifican los más de 3,8 millones de metros cuadrados de cereal. Una indemnización que podrían reclamar los promotores de las 18.400 viviendas si no se reparcela el terruño y se reparte el volumen de negocio al menos en papel. Vamos, que nos hace un favor a to@s, que lo mejor que ha podido hacer es acabar con todo el papeleo, y ojito con los que vengan si tienen derivas de echar por tierra semejante joya porque Navarra necesita una reserva de suelo potente para hacer vivienda y ahí están los ejemplos de Mendillorri o Sarriguren. Igualito oiga. A su vez, los empresarios que pagaron 130 millones a los herederos del Conde están de enhorabuena. ¿Puede haber una inversión más rentable que esta? ¿Cómo es posible que mientras la mayoría de empresas de la construcción se han estrellado arriesgando su dinero en el ladrillo como consecuencia de la crisis, el grupo de élite vinculado a la ACP haya conseguido no sólo salvaguardar el proyecto, que además no tienen ninguna intención de hacer, sino además revalorizar su compra? Desde 2006 hasta 2015 la actualización de los terrenos ha sido superior al 40% teniendo en cuenta que sólo la inversión que desembolsaron los principales ofertantes de suelo al concurso de suelo (tres millones) se contabilizaba en 90 millones. Zarraluqui (se desconocen informes jurídicos que avalen semejante despropósito) calcula hasta el último céntimo, intereses incluidos. La bomba.
