Poco podían imaginar Alfonso Lázaro y Raúl García, los dos integrantes de la compañía Títeres desde abajo que el pase en Madrid de La Bruja y Don Cristóbal. A cada cerdo le llega su San Martín iba a acabar como acabó, con ellos encarcelados acusados de enaltecimiento del terrorismo. Nadie con un mínimo de conocimiento cultural, que sea lector o acuda al cine o al teatro de vez en cuando, puede entender lo ocurrido si no es como un atropello más a la libertad de expresión en una democracia donde la justicia está en permanente entredicho. No está en cuestión la mala decisión de un programador cultural, y de los políticos encargados de ese área, de incluir en una oferta para niños una obra que la propia compañía había presentado para adultos, por su contenido violento, pero eso no puede concluir con dos personas encarceladas. La mera exhibición de una pancarta por un títere, o aunque hubiera sido un actor real, durante una representación es parte de la ficción, nunca realidad. Si no fuera así, todas las películas, obras de teatro, novelas, espectáculos, obras de arte... en los que aparecieran pancartas o mensajes de este tipo serían constitutivas de un delito del artista. Absurdo. Y se debería juzgar a centenares de guionistas y directores por hacer películas violentas, sobre maltrato infantil, abusos sexuales, violencia contra las mujeres, etc porque cualquier espectador puede interpretar que el mero hecho de la representación incita a alguien a delinquir. Imposible ni siquiera de plantear. De lo que estamos hablando es de que una marioneta sale a escena con la pancarta Gora Alka-Eta para representar un montaje policial, en el que un policía-títere quiere incriminar en falso a una marioneta-bruja y para ello le coloca la pancarta y así acusarla de terrorismo. Quizás el juez tuvo una infancia difícil y nunca fue al teatro. Es cierto que hay mucho que decir y cuestionar sobre cómo se programa la cultura desde lo público, pero ese es otro tema. Ahora ha ocurrido en Madrid, pasó en diciembre en Pamplona con la exposición de Abel Azcona y seguirá pasando en otras ciudades, mientras no se valore la cultura y se entienda y respete el derecho de todas las personas a la cultura y la libertad de expresión. Una sociedad democrática que persigue penalmente la crítica, la denuncia o la sátira, por mucho que puedan molestar, se carga la democracia, porque la libertad de expresión debe ser defendida siempre, no sólo para determinadas ideas.