El sitio de mi recreo

Supremo hipotecado

07.02.2020 | 16:57

era de cajón: si la hipoteca se escritura para blindar a las entidades financieras que la conceden, habrían de ser ellas quienes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados y no los particulares frente a quienes se establece esa garantía. Así lo entendió la sección segunda de lo Contencioso del Tribunal Supremo el 18 de octubre, invirtiendo la jurisprudencia anterior en perjuicio de la banca española. Un contratiempo para los balances sí, pero fácilmente subsanable con el método habitual, repercutiendo la hosca sobre el cliente mediante la subida de los intereses de las hipotecas de nuevo cuño. Sin embargo, la histeria cundió en el sector bancario por el doble riesgo de que se decretase primero el reembolso retroactivo al ciudadano y de que este reintegro se le acabara exigiendo después cuando el impuesto lo cobraron las haciendas públicas. Un nerviosismo traducido en 5.000 millones de mediar una retroactividad de cuatro años, casi el cuádruple si se hubiese extendido al máximo computable de tres lustros. Ante tales magnitudes de devolución, se daban por hechas las presiones de la banca, acostumbrada a marcar el paso a los partidos políticos en tanto que en buena parte los sufragan. Pero resulta aberrante, además de inaudito, que el propio Tribunal Supremo haya sucumbido a la influencia del poder financiero rectificando de oficio en el plenario de la sala de lo Contencioso la sentencia de seis de sus magistrados que daba la razón al pueblo llano, al que ahora se le obliga a seguir apoquinando el impuesto hipotecario. Unas deliberaciones que han redundado en la fractura total entre jueces, incomprensible desde la estricta literalidad de los preceptos que se evalúan y por tanto sólo imputable a disquisiciones de índole económica, del todo ajenas en teoría al análisis jurídico. Lo que ya no tiene enmienda es la erosión del Tribunal Supremo, que ha minado tanto su apariencia de independencia como la confianza ciudadana, tratándose de la cúspide del sistema judicial español. Un Tribunal Supremo hipotecado frente la convicción generalizada de que se ha hecho Justicia a la carta. Gana la banca.