uno de los principales puntos del acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma es una flagrante e intolerable amenaza libertad de expresión. El futuro de esta ley que socava derechos y libertades de la ciudadanía se dirime desde esta semana en el Tribunal Constitucional, ya que poco después de su promulgación en 2015 la oposición en pleno planteó un recurso de inconstitucionalidad. Desde la justicia se nos tiene acostumbrados a resoluciones sorprendentes e incomprensibles pero tanto legos como versados en la materia destacan la vulneración de los derechos de manifestación, reunión, libertad de expresión y a la tutela judicial efectiva. Las restricciones a derechos fundamentales son palpables en casos como las devoluciones en caliente de inmigrantes; el secuestro de informaciones y las sanciones a las publicaciones; las multas por manifestaciones; el uso de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas de Seguridad... son más propias de la época franquista que de la actual. El PP quiso en su día ponerle una mordaza a la libertad y en manos del TC -en un proceso que empieza esta semana pero que se presupone largo- pero sobre todo del Gobierno está ahora el restituirla a la ciudadanía y poner coto a norma abominable cuya aplicación se ha disparado un 80% desde su aprobación. Las sanciones han pasado de 87.000 en 2015 a 249.000 en 2018. Sin olvidar su fin punitivo y recaudatorio: ya se han recaudado más de 416 millones de euros, pasando de 41 en 2015 hasta los 149 en 2018. El Gobierno de Rajoy no dudó en recortar espacios de libertad conquistados con mucho esfuerzo, en aras de dotar a las fuerzas de seguridad de instrumentos pretendidamente legales pero que en realidad muchos de ellos suponen una merma incuestionable de derechos. El Gobierno del cambio, sin estar a expensas del Constitucional y la vía jurídica, no debe dejar de pasar la ocasión para desenmascarar la sucia jugada del PP y finiquitar esa mordaza a la libertad. Sin olvidarse de la necesaria reforma del Código Penal, tan anticuado y anquilosado en muchas de sus disposiciones.