El Parlamento aprobó los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 el pasado 27 de febrero con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Podemos, y las abstenciones de EH Bildu e I-E. El único grupo que votó en contra fue Navarra Suma. Su portavoz, Javier Esparza, incidió durante los casi tres meses de tramitación de una ley en la que se marca la impronta de la acción de todo Gobierno en que se trataba de un proyecto continuista con las políticas que había impulsado el Gobierno de Barkos, cortoplacista y perjudicial para la sociedad navarra. Firmó en vano más de 540 enmiendas por valor de 285 millones para tratar de corregirlo y no escatimó las críticas. También entonces exigió vetar a EH Bildu. En definitiva, nada nuevo en su duro discurso contra el socialismo navarro, que va en la misma dirección del que había pronunciado seis meses antes con motivo de la investidura de María Chivite. ¿Qué ha cambiado desde entonces para que el portavoz de la coalición de derechas se comprometa a facilitar la aprobación de los Presupuestos sin esperar siquiera a conocer su contenido? Básicamente nada. Más allá de la pandemia que condiciona todo, el Gobierno y sus socios tienen la firme intención de mantener en las Cuentas Públicas de 2021 las mismas prioridades sociales que contienen las de este año, que no son precisamente coincidentes con las de la radicalizada coalición de derechas. La novedad reside por lo tanto en la estrategia de Esparza, cuyo meridiano objetivo no es otro que el de tratar de erosionar al Gobierno. Es la misma que emplea de forma recurrente el PP en Madrid cuando ofrece acuerdos a Sánchez a cambio de que le corte la cabeza a Iglesias. Pero se supone que Sánchez y Chivite saben que si quiebran la frágil unidad de acción de las fuerzas que permitieron sus respectivas investiduras y muerden el caramelo envenenado de la derecha, habrán iniciado la cuenta atrás para el final de sus respectivos mandatos.
