Editorial de diario de noticias

La perversión de las fragatas

Justificar la venta de material bélico a Arabia Saudí en el empleo es un peligroso ejercicio que convierte el pragmatismo económico en justificación universal y obvia la ley estatal y los acuerdos internacionales

07.02.2020 | 15:05

Justificar la venta de material bélico a Arabia Saudí en el empleo es un peligroso ejercicio que convierte el pragmatismo económico en justificación universal y obvia la ley estatal y los acuerdos a nivel internacional.

La apelación por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la responsabilidad y el empleo como motivos del mantenimiento del programa de venta de armas a Arabia Saudí o, lo que es lo mismo, su pretensión de condicionar el total de los contratos para la venta de material de defensa a Riad a la construcción de cinco fragatas por Navantia en Cádiz (1.800 millones de euros en cinco años) no debe ocultar la realidad: el Estado español es el séptimo exportador mundial de armamento y Arabia Saudí es su tercer cliente. En cifras, España exportó material de defensa (aviones, proyectiles, granadas, bombas...) a Riad por 270 millones de euros el pasado año, con un incremento del 133% respecto al año anterior mientras que desde 2008 ha exportado a Arabia Saudí armas por valor de 646 millones de euros. Sin embargo, no es la pretensión de justificar la venta de armas en el mantenimiento del empleo, peligroso ejercicio que llevaría a hacer del pragmatismo económico una justificación universal, el único aspecto cuestionable de la postura adoptada por el Gobierno español. La misma supone un flagrante incumplimiento de la propia ley del Estado así como de sus compromisos internacionales. La venta de armas a Arabia Saudí -también a otros países como Pakistán, Indonesia, Afganistán, Irak, Siria...- ignora la Ley 53/2007 de 28 de diciembre sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso que trata de "impedir" su venta a "Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz" y garantizar que "no fomenten la violación de derechos". Dicha ley hace suyos los criterios del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas, incluyendo el criterio 2 sobre "el respeto de los derechos humanos", el criterio 4 que impide su exportación cuando se pueda utilizar "para agredir a otro país" y exige tener en cuenta "la existencia o probabilidad de un conflicto armado", y el criterio 6 sobre "la actitud del país receptor frente al terrorismo (...) y el respeto del Derecho Internacional". Aspectos también contemplados en el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas firmado por el Estado en 2012. Sánchez y su gobierno, por tanto, reproducen la perversión de los anteriores de anteponer el interés económico y su incidencia en otros intereses, de los que el electoral no es el menos evidente, al cumplimiento de la ley y de los acuerdos internacionales.