el Parlamento de Navarra ha dado al fin luz verde a la nueva Ley de Policías de Navarra tras años de polémica políticas y confrontación sindical. Que la nueva ley foral haya sido aprobada con los votos de Geroa Bai, UPN, Bildu y tres parlamentarios de Podemos, la abstención de PP, PSN e I-E -aunque Batzarre, socio de esta coalición, se ha posicionado públicamente a favor del nuevo texto- y el voto en contra de cuatro parlamentarios de Podemos evidencia el galimatías político, sindical y presupuestario que ha lastrado durante años el debate sobre el nuevo modelo de organización policial en Navarra. La nueva ley defiende objetivos ambiciosos para consolidar un modelo policial en Navarra -Policía Foral y Policías Locales-, afrontando los cambios necesarios para consolidar una Policía propia, integral, referencial, vanguardista, moderna e inspirada en principios éticos, una demanda pendiente desde hace años: ni los exconsejeros Javier Caballero y Javier Morrás fueron capaces en los anteriores gobiernos de UPN de aprobar una normativa que, en buena medida, ha sido posible ahora por el empeño personal de la consejera Beaumont. En todo caso, la aprobación parlamentaria es solo un primer paso al que debería seguir el desarrollo de un plan director que consolide la reivindicación histórica de configurar un cuerpo policial propio que pueda asumir todas las competencias transferibles que no son exclusivas del Estado, desde Tráfico y Seguridad Vial a Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. Más ahora que Barkos y Sánchez han acordado el traspaso de la competencia de Tráfico a la Policía Foral, una reivindicación histórica. Porque de nada sirve reivindicar el autogobierno de palabra si no se ponen al mismo tiempo los medios de negociación política con el Estado. En este sentido, es necesaria una reorganización general de los cuerpos policiales en Navarra -el ministro Marlaska insistió ayer en que la Guardia Civil seguirá destinada en Navarra para cuestiones de seguridad y orden público-, que mantiene una media de casi 6 agentes por 1.000 habitantes, el doble de la media estatal en uno de los territorios con menores índices de delincuencia, ni los medios legales y técnicos para garantizar una organización y un funcionamiento que permita el desarrollo real y funcional de las Policías en Navarra. La racionalización del mapa policial de Navarra es una cuestión de pura lógica. La Ley Foral de Policías de Navarra sólo tendrá sentido si, como servicio público, su primer objetivo es ser útil a la sociedad.
