Desde que el 29 de marzo de 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento británico, el gobierno de Theresa May comunicara al presidente del Consejo Europeo su intención de abandonar la UE, tal como establece el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, dando inicio al proceso de negociación para el brexit, May ha cosechado cuatro grandes derrotas parlamentarias. La primera, en diciembre de aquel mismo año, por solo 4 votos (309-305), fue la aprobación de una enmienda presentada por un diputado de su propio partido, el tory Dominic Grieve, que otorgaba a Westminster la potestad de debatir y votar el acuerdo de salida que entonces empezaba a negociar May. Es lo que está sucediendo. Un año después, el pasado diciembre, llegaría la segunda: la Cámara de los Comunes aprobó por 321 votos contra 299 que los parlamentarios, en caso de rechazar ese acuerdo, pudieran presentar alternativas. Y esta semana se han producido las dos últimas, ambas referidas al supuesto de que, como se espera, Westminster rechace el próximo martes el acuerdo con la UE alcanzado por May: el Parlamento aprobó (303 a 296) el martes una enmienda que impedirá al Gobierno poner en marcha los mecanismos económicos para una salida sin acuerdo y otra (308 a 297) el miércoles obligando a May a presentar un plan alternativo en tres días y no en los 21 que esta pretendía para plantar al país ante la disyuntiva entre su brexit y un brexit duro. Si en todo un año la premier no ha conseguido variar la aritmética parlamentaria, difícilmente lo hará en los próximos cinco días. Y la UE no puede ofrecer margen a una alternativa que sea admisible por los contrarios al actual acuerdo, mucho menos en solo tres días. Así que si la propuesta de May es derrotada, como se adivina, dará igual que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, plantee o no la moción de censura. May no podrá seguir al frente de un gobierno incapaz de sacar adelante su iniciativa legislativa más importante, que condiciona el futuro de Gran Bretaña en todos los ámbitos. Y eso debería llevar a unas elecciones plebiscitarias sobre el brexit. O, en todo caso, como afirmaba ayer mismo Keir Stamer, el secretario de Estado en la sombra para la salida de la UE del Partido Laborista, “a la extensión del artículo 50 y a un nuevo referéndum”.
