el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, afirmó ayer en el Parlamento que en el año 2017 se gastaron en la Comunidad Foral 74 millones de euros en apuestas, lo que supone 44 millones más que hace solo cinco años, en 2012. Además, según un informe de la dirección general de Interior, en ese mismo 2017 se jugó en Navarra por importe de 342,19 millones de euros. En este sentido, Domínguez insistió en que el juego on line y el efecto potenciador de internet han favorecido el consumo a edades más tempranas y advirtió de que es necesario adelantarse en la toma de decisiones y de acciones ante un creciente factor de riesgo entre los jóvenes menores de 25 años. Es evidente que en los últimos años, el mundo de los juegos de azar ha sufrido un cambio radical, impulsado fundamentalmente por dos características que se han incorporado a nuestras vidas de una forma masiva: el fenómeno de las apuestas deportivas vehiculizado a través de máquinas instaladas en salas de juegos y bares en espacios cercanos a colegios e institutos, por un lado, y las nuevas tecnologías que permiten arriesgar cierta cantidad de dinero de manera inmediata y fácil incluso por el teléfono móvil. El cambio cultural, por tanto, ha sido sustancial, hasta el punto de que esta forma de juego entendida como una actividad de ocio se ha extendido de forma considerable, de manera singular en un sector social que preocupa especialmente: los jóvenes. Cualquier forma de juego puede tener una vertiente de riesgo más o menos importante en forma de abuso que puede llegar a la ludopatía, un trastorno de adicción que en muchos casos puede llegar a ser grave. Una realidad sobre la que ya advirtió en su última Memoria de Actividad la Fundación Proyecto Hombre y en el que también ha hecho hincapié la Asociación de Ludópatas de Navarra Aralar. Se trata de concienciar a la ciudadanía, y en especial a los jóvenes, de los peligros que entraña este tipo de ocio, que en demasiados casos deriva en un juego descontrolado y, en un extremo, a la ludopatía y al aislamiento social. Aunque la mayoría de los operadores y empresarios de estas actividades se están comprometiendo con la mejora de sus políticas de juego responsable, queda aún mucho por hacer, en especial extremar la regulación, la prevención y la información y eliminar las prácticas empresariales abusivas.
