todas las miradas se ciernen sobre la Abogacía del Estado, de cuyo posicionamiento sobre la inmunidad como eurodiputado del reo Oriol Junqueras -decretada a posteriori por el Tribunal de Justicia de la UE- depende la investidura de Pedro Sánchez. Se trata del fleco principal al que ayer aludió en nombre de ERC Marta Vilalta, mientras los republicanos tienen marcado en rojo el tramo del calendario entre el 27 de diciembre y el 4 de enero como periodo probable de entronización del líder socialista gracias a su determinante abstención. Cuesta admitir que la Abogacía del Estado vaya a secundar tal cual la doble demanda de ERC de que Junqueras sea liberado al objeto de recoger el acta de europarlamentario y de que quede sin efecto la condena del procés por sedición, pero no más que los contactos con los socialistas acaben encallando para propiciar unas terceras elecciones sumamente beneficiosas para este PP preso del extremismo de Vox. Es de esperar una interpretación posibilista de la dirección de ERC, cuya ponencia política fue refrendada en el congreso del fin de semana con un 93,4% de apoyo, y una actitud abierta del PSOE sobre la especificidad catalana, alejada definitivamente de las invocaciones centralistas y de las amenazas sobre la intervención de la autonomía. Constatada la aberración de judicializar la política por lo que supone de tensionamiento de la sociedad y de desnaturalización de las instituciones democráticas, es la hora de la gobernanza en favor del desarrollo económico sostenible y equitativo, así como de la cohesión social, con una dinámica constructiva de acuerdos en función de contenidos y con una visión integradora del Estado, respetuosa con la pluralidad. Si trascendente es al fin la articulación del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos con los síes y las abstenciones necesarias, tan relevante resulta el arbitrio de una gobernabilidad de largo recorrido basada en las confianzas tejidas en el bloque progresista. Pues la alianza ultraconservadora lo fía todo desde su trinchera al naufragio del eventual Gabinete de Sánchez para protagonizar una contrarreforma en toda regla, una involución en materia de derechos y libertades desconocida en el Estado español. En conclusión, urge tanto la investidura de Sánchez como la estabilidad gubernamental en beneficio de la mayoría social más allá de sensibilidades políticas y sentimientos de pertenencia.