Editorial

Nueva etapa, otra política penitenciaria

El Gobierno Sánchez cuenta con apoyos, mimbres y acuerdos para poner fin a la excepcionalidad con los presos de ETA, una reivindicación que volvió a llenar ayer las calles de Bilbao y Baiona

12.01.2020 | 06:16

Como cada año por estas fechas, decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en Bilbao y Baiona para reivindicar un cambio en la política penitenciaria que los Estados español y francés llevan a cabo con los presos de ETA y de la kale borroka, fundamentalmente el alejamiento sistemático de sus lugares de origen, su clasificación en los grados más duros y restrictivos y las trabas impuestas para su progresión y la permanencia en prisión de reclusos gravemente enfermos. La actual política penitenciaria está perpetuando una situación de injustificada e injusta excepcionalidad absolutamente anacrónica a día de hoy, más de ocho años después de que ETA anunciara el fin definitivo de la violencia terrorista y cuando se van a cumplir dos años de su disolución. Una realidad que supone un castigo añadido para los condenados, que genera un sufrimiento injusto para sus familiares, muchos de ellos sus hijos menores, y que objetivamente se convierte en un elemento de tensión que dificulta la consolidación de una convivencia normalizada. No se trata de obviar, olvidar o minimizar los delitos -en algunos casos, gravísimos crímenes- cometidos por los presos de ETA, sino de aplicar una política penitenciaria con arreglo a la más estricta legalidad, justa, humanitaria y acorde a la situación política y social. En este sentido, el actual contexto se presenta como una gran oportunidad, después de que en 2019 se hayan dados pasos muy tímidos con algunos acercamientos a cuentagotas, contadas progresiones de grado y permisos penitenciarios -nueve en total- absolutamente testimoniales. El nuevo Gobierno en Madrid, fruto de los acuerdos del PSOE con Podemos y PNV, debe contemplar en su agenda esta nueva política penitenciaria. Hay que tener en cuenta que el Gobierno vasco exige el traspaso de la competencia de Prisiones y tiene elaborado un minucioso plan de traslados de presos a cárceles cercanas a la CAV y que jeltzales y Podemos acordaron, dentro de la propuesta para el nuevo estatus, un compromiso en este mismo sentido. Hay mimbres suficientes si existe voluntad. Por su parte, tal y como ha demandado el propio Foro Social, los presos deben a su vez implicarse en facilitar este proceso profundizando en el rechazo individualizado al uso de la violencia y en el reconocimiento expreso del daño causado como voluntad clara de reparación a las víctimas.