a decisión del Gobierno central de permitir de forma tasada las salidas a la calle de los menores de 12 años a partir del próximo lunes, pese a que solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma sanitaria que incluye el confinamiento general hasta el 9 de mayo supone, en primer lugar un alivio psicológico y emocional para los niños y sus familias, sometidos a una gran presión tras cinco semanas en sus casas. A la espera de su concreción respecto a las condiciones establecidas, se trata de una medida de flexibilización coherente con la situación sanitaria actual que había sido ya demandada por varias comunidades. Una medida que de nuevo se ha tomado de manera unilateral, previamente a la reunión de presidentes autonómicos, y de la que incluso después de esa puesta en común se desconoce su desarrollo, puesto que por ejemplo el segmento de población entre 13 y 18 años queda en el limbo. En cualquier caso, se trata de un paso en la anunciada pero aún imprecisa desescalada hacia la nueva normalidad, determinada por los indicadores establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Una intrincada senda que habrá que transitar permitiendo gradualmente el ejercicio individual en la vía pública así como que las personas mayores puedan salir a pasear -medidas ambas ya en estudio por la asesoría científica del Gobierno español-, pero también facilitando la apertura limitada y regulada de comercios y pequeños negocios, se insiste que todo ello bajo el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad y distanciamiento físico. Y, sin menoscabo de las facultades del Gobierno central, siempre de la mano de las comunidades autónomas para proceder a la desescalada asimétrica a la que alude el propio Sánchez en función de la evolución epidemiológica de las distintas zonas y atendiendo a la singularidad y realidad de cada territorio, además de a sus competencias propias, bajo los principios de coordinación y corresponsabilidad. Una demanda verbalizada ayer por la presidenta Chivite, que ve a Navarra razonablemente preparada para la necesaria transición y aprecia una tendencia favorable tras caer los ingresos hospitalarios un 40% en dos semanas. El Gobierno foral afronta el doble reto de ejecutar adecuadamente la desescalada y a la vez arbitrar con la máxima ambición y voluntad de consenso un plan de reconstrucción social y de reactivación económica efectivo y además eficiente.