a confirmación ayer por boca del presidente Sánchez, de que solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga -que, según matizó, espera que sea "la última"- del estado de alarma con una duración estimada de un mes y ya hasta el final del periodo de transición vino acompañada del esperado anuncio de lo que el líder socialista denominó "desescalada institucional". Una vía que abre una nueva etapa de intensificación de la cogobernanza, la coordinación y el fin del mando único para abordar la llegada a la denominada nueva normalidad. Siendo discutible la necesidad absoluta de continuar con la vigencia del estado de alarma -que, en su caso, puede ser imprescindible para mantener la restricción de la movilidad-, el anuncio de Sánchez de que en adelante será flexible y asimétrico y con la posibilidad de que se levanten las restricciones en aquellos territorios en que sea posible en función de su situación epidemiológica y sanitaria hace aflorar otras posibilidades de gestión de mayor respeto a los derechos y libertades. Otro tanto puede decirse de una decisión de gran calado como es la devolución a las comunidades autónomas de las competencias que les fueron temporalmente enajenadas con la imposición del mando único hace dos meses. La desaparición de los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como autoridades delegadas a cuyas órdenes estaban, en función del estado de alarma, los correspondientes departamentos autonómicos supone el cumplimiento de las demandas que ejecutivos de distinto signo han realizado durante las últimas semanas, por cuanto suponía una apropiación de competencias en palmario menoscabo del autogobierno. Un gesto que entronca con el acuerdo entre el Gabinete de PSOE y Unidas Podemos con el PNV el pasado día 6 para una gestión pactada y mediante la cogobernanza de la desescalada, fruto de la imperiosa necesidad de Sánchez de atar apoyos para poder aprobar la nueva prórroga de un mes en el estado de alarma. En cualquier caso, se trata de un paso en la buena dirección hacia esta nueva fase en la que las autonomías recuperan parte de su esencia para ejercer una gestión pegada a su realidad mediante el diálogo y el consenso, sin menoscabo de las labores de coordinación que correspondan propiamente al Ministerio de Sanidad.