La admisión por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la posible tramitación a principio de año de los indultos a los políticos catalanes condenados por el procés y la abierta polémica entre el Gobierno del Estado y los fiscales del Tribunal Supremo a raíz de las consideraciones con que estos argumentaban su rechazo a la medida de gracia refleja a la perfección la mezcolanza de justicia y política que atenaza el desarrollo de la democracia -incluidos los principios que se incluyen en el denominado bloque constitucional- en el Estado español y que urge a una reconsideración profunda de las relaciones entre ambas más allá de una reforma coyuntural del CGPJ, tras dos años en funciones. En este caso concreto, no se trata de que los fiscales emitan su opinión previa al informe del Tribunal Supremo, ambos tan preceptivos como no vinculantes para la concesión del indulto, potestad del Consejo de Ministros, sino de los términos en que lo hacen, aludiendo a delitos descartados en la causa -rebelión- y achacando al Ejecutivo la motivación de los intereses políticos que, sin embargo, siempre han negado que influyeran en las imputaciones de la Fiscalía tras la instrucción de la causa por el juez Pablo Llarena entre octubre de 2017 y julio de 2018, con el Gobierno del PP -que hoy amenaza con recurrir los indultos- y de Mariano Rajoy. Y se trata asimismo de la comparación con las actitudes precedentes de la propia Fiscalía y del mismo Tribunal Supremo en otros casos de orígenes y consecuencias tanto o más nítidamente políticos y de gravedad incomparable. Así, ni una ni otro se opusieron al indulto en la Navidad de 1988 por el Gobierno de Felipe González al exgeneral Alfonso Armada, condenado a 26 años como promotor del golpe de Estado del 23-F, y que el propio TS defendió por "equidad" al considerar las penas "innecesarias para la evidente corrección o reinserción del condenado". Tampoco se opusieron al indulto parcial en la Navidad de 1998 por el Gobierno de Aznar a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, apenas medio año después de su ingreso en prisión. Y entre ambos, el TS incluso apoyó en 1993 la solicitud de indulto para el también golpista Antonio Tejero por razones de "conveniencia pública" con el fin de contribuir "al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado".
