a delicada situación por la que están atravesando diversos sectores, empresas y autónomos tras un año de pandemia amenaza la supervivencia de muchas actividades de todo tipo y, con ello, decenas de miles de empleos. Por ello, ha resultado y aún resulta vital la activación de ayudas de todo tipo para paliar los terribles efectos que está teniendo la crisis y que afectan al conjunto de la sociedad, condicionan la economía y amenazan el futuro de varias generaciones. De ahí la importancia de la articulación de medidas como los fondos europeos de recuperación Next Generation -ahora puestos en cuestión en Alemania, lo que incrementa aún más la incertidumbre sobre su materialización- o las ayudas directas a quienes más están sufriendo la crisis. Pero tan importante como aprobar partidas es concretarlas, vehiculizarlas, gestionarlas y controlarlas y, sobre todo, ejecutarlas en el menor tiempo posible para que cumplan su objetivo. En el caso de las ayudas directas que ya anunció a bombo y platillo en febrero Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros del 12 de marzo aprobó un plan de 7.000 millones -en realidad, 5.000 millones, porque los otros 2.000 están destinados en exclusiva a Baleares y Canarias- con el objetivo de proteger el tejido productivo, mantener el empleo y evitar un impacto negativo en todo el sistema económico y financiero, según la ministra Nadia Calviño. Trascurridas ya dos semanas desde su aprobación, sin embargo, es manifiesta la falta de información, de claridad y de concreción tanto sobre las propias líneas de ayudas, montantes, sectores y empresas a las que afectaría, así como sobre los criterios a aplicar y el papel que jugarán las instituciones en el reparto, control y gestión de las mismas. Estas ayudas directas solo pueden ser viables y cumplir su objetivo real si se ajustan a la realidad socioecónomica navarra. Y no debemos olvidar que el Estado solo aportará a la Comunidad Foral recibe 68 de los 11.000 millones del decreto convalidado el jueves. Por no hablar de las 25.000 pymes navarras que quedan excluidas de las ayudas. Las apelaciones públicas -y a buen seguro privadas- realizadas en los últimos días al Gobierno Sánchez desde diversas instituciones y partidos han sido respondidas con vaguedades y no han aclarado el panorama ni explicaciones por la insuficiencia de los fondos. Urge, por tanto, más información, concreción y decisión acorde a criterios propios de un sistema de cogobernanza real en la gestión.
