Editorial

Estado de alarma y mecanismos legales

16.04.2021 | 00:36

El nuevo avance del coronavirus en Navarra –los datos de las UCI son claros– precisa de instrumentos y garantías jurídicas que permitan a las comunidades medidas de control social si Sánchez insiste en poner fin al estado de alarma

Navarra se encuentra de nuevo en situación de máximo riesgo por la incidencia del covid-19 y continuará estándolo en los próximos días, que van a resultar claves y, a buen seguro, duros. Basta repasar los datos de ocupación de las UCI hospitalarias: 40 personas, más del 28% de sus camas y por encima de la crítica situación del pasado noviembre. Un escenario muy grave y preocupante tanto en número de nuevos contagios como en tasa de incidencia y todo ello pese a que Navarra aprobó la vuelta atrás en las restricciones –sobre todo en el ámbito de la hostelería– antes de Semana Santa. La confluencia de la cuarta ola de la pandemia con una situación de cierto desconcierto en el proceso de vacunación tras lo sucedido con AstraZeneca y ahora Janssen y una notable desconexión social, sobre todo en el ámbito domiciliario y familiar, respecto a las medidas de prevención, así como la llegada de otra ola en plena batalla electoral en Madrid, hacen muy difícil el equilibrio entre la gestión técnica y la decisión política. De ahí la necesidad de contar con los instrumentos adecuados contra el ascenso del covid-19 mientras llega la inmunización de grupo. Ante esta evidencia y las perspectivas a corto y medio plazo, la confusión y el desconcierto siguen siendo la primera página de la toma de decisiones. Con el futuro del estado de alarma en el aire tras la reiterada intención de Sánchez de ponerle fin el 9 de mayo, queda por cerrar una vía de seguridad jurídica que permita a las comunidades autónomas poder actuar en función de la evolución de la pandemia en sus propios territorios. La ministra Calvo lo da por seguro, pero los juristas y constitucionalistas lo siguen poniendo en duda. Igualmente ocurre con la propuesta del Ministerio de Sanidad de prohibir fumar en las terrazas de hostelería aunque se mantengan las distancias –un paso que ya han dado una parte de bares y restaurantes–, decisión que Navarra adoptó meses atrás y que el TSJN tumbó. De hecho, el fin del estado de alarma, basado más en intereses políticos y electoralistas que en la grave situación epidemiológica, sin un camino alternativo puede tener efectos demoledores. Por un lado, priva a las comunidades de la posibilidad de mantener medidas restrictivas básicas, en especial de movilidad, toque de queda o prohibición de reuniones que superen un número máximo de personas y, en otros casos, elimina las garantías jurídicas. Además, podría dar aún mayor sensación de falsa seguridad a parte de la población, en especial a los más jóvenes.

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