Editorial

Varapalo judicial y confusión social

12.05.2021 | 01:21

El TSJN anula el toque de queda en Navarra y también el cierre de las terrazas a las 22.00, esto más cuestionable, otro ejemplo del caos e inseguridad jurídica que han seguido en el Estado a la mala planificación del fin del estado de alarma

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que tumba el toque de queda aprobado por el Gobierno de Navarra tras el fin del estado de alarma y anula también el cierre de las terrazas de hostelería a las 22.00 horas es una muestra más del galimatías y la inseguridad jurídica que se ha desatado en todo el Estado. La precipitada decisión política y las confusas consecuencias sanitarias que ha conllevado el fin del estado de alarma sin un parapeto jurídico que permitiera a las comunidades autónomas mantener una buena parte de las medidas y restricciones en vigor para controlar y tratar de disminuir la expansión del coronavirus en esta cuarta ola han generado más inestabilidad, dudas y desconcierto que soluciones. De hecho, los distintos pronunciamientos en las autonomías por partes de sus respectivos tribunales superiores de justicia deja todo ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse en lo próximos días. Una realidad, en lo que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos sin la legislación excepcional del estado de alarma, que ya habían sido cuestionada por juristas y catedráticos de Derecho Constitucional, pero que en Navarra además ha conllevado la consecuencia judicial de tumbar también el límite horario a la apertura de las terrazas de hostelería. Una decisión judicial que parece más cuestionable, en tanto que la apertura y el cierre de horarios es una decisión administrativa normalizada en cada territorio y en cada ayuntamiento al margen de la excepcionalidad actual de la pandemia sanitaria del coronavirus. En todo caso, el Gobierno de Chivite, más allá de que haya confirmado que no va a recurrir el auto del TSJN al Supremo, ha quedado en evidencia ante una opinión pública que ya acumula meses de confusión y a la que su posición estricta –y posiblemente mal analizada judicial y socialmente–, y la desautorización judicial que le ha seguido como respuesta solo han añadio más dosis de esa misma confusión y más malestar. Y mayor inseguridad jurídica en la opinión pública. Sin olvidar que el problema originario, y creciente conforme se suceden los días, es una mala planificación política del final del estado de alarma por parte del Gobierno central que a dejado en manos de los jueces la función legislativa. Un error que el Estado español ya lleva tiempo soportando en cuestiones también fundamentales en el ámbito de los derechos democráticos y que ahora se vuelve a repetir al albur de sus diferentes señorías.

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